Donde instalar la feria ambulante de Pontevedra sigue siendo una incógnita, por eso la concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, llevará el próximo lunes la Xunta de Gobierno para su aprobación a nueva Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante.
"El reglamento vigente, que fue aprobado por el Pleno el 17 de enero de 1997, quedó muy obsoleto, por lo que esta renovación normativa resulta esencial para regular el actual contexto", explicó la socialista, que considera conveniente impulsar una nueva regulación para dar respuesta a los problemas de interpretación de la vieja normativa.
Entre las novedades introducidas incluyen la admisión de los cambios de titularidad de los puestos, que dejarán de ser personales e intransferibles, y la eliminación de los anteriores criterios de adjudicación basados en la antigüedad reiterada y pasarán a aplicarse en rexime de concurrencia competitiva.
Otra de las alternativas que quiere impulsar el PSOE y el cambio de fecha de la feria cuando coincidía en un día festivo. De este modo, hasta la fecha a norma indicaba que, en caso de coincidir en un día festivo, el mercadillo debía adelantarse al día anterior, "pero con la nueva Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante será posible, en casos excepcionales debidamente justificados, mantener como jornada de feria el día festivo o retrasar la celebración al día posterior". También regularán los productos autorizados y prohibidos, estableciendo cuales se podrán vender en los comprados de antigüedades y segunda mano.
Esta ordenanza fue elaborada teniendo en cuenta las opiniones de la ciudadanía y de las organizaciones con un trámite de consulta pública que se realizó durante el mes de abril del año pasado para que las personas interesadas y afectadas habían presentado sus propuestas.
En ella, además, ofrece respuestas a aspectos como puede ser la actualización del concepto general de venta ambulante, adaptándolo a las nuevas necesidades sociales; las normas de funcionamiento; las relaciones entre el Concello de Pontevedra y los titulares de puestos; la delimitación de los posibles usos admisibles en los comprados ambulantes, y la regulación de un rexime sancionador, con específica tipificación de infracciones y sanciones, y delimitación de competencias en la materia.
Consideran los socialistas que los mercados de venta ambulante "deben ser entendidos hoy en día como espacios públicos, gestionados directamente por el Concello, que integran a un colectivo de vendedores que comparten la utilización de instalaciones de uso público".