La última operación antidroga desarrollada por la Guardia Civil durante esta semana en las provincias de Pontevedra y Lugo, con especial incidencia en la comarca de Arousa, ha permitido la incautación de 220 kilos de cocaína, la mayoría ocultos en un zulo de difícil acceso.
Ese zulo fue localizado en una de las fincas registradas en Pontevedra. Era un habitáculo subterráneo habilitado al efecto, siendo su hallazgo muy complicado para los agentes dado su sofisticado sistema de soterramiento.
La Guardia Civil ha dado cuenta este viernes de la operación, bautizada Carplaya, y que ha permitido desarticular una activa organización criminal centrada en Galicia, especializada en el transporte de cocaína entre distintos puntos del territorio nacional y Portugal, utilizando para ello vehículos dotados de sofisticados sistemas de ocultación.
El grupo criminal investigado estaba fuertemente cohesionado, ya que gran parte de sus integrantes estaban unidos por vínculos familiares y delincuenciales que han perdurado en el tiempo, contando con experiencia previa en esta tipología delictiva, así como en el uso de tecnología de mensajería encriptada en sus comunicaciones, sistemas de inhibición y detectores de radiofrecuencia de última generación.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil inició la investigación en el mes de abril de 2022 tras tener conocimiento de la posible existencia, gracias a la colaboración internacional de la Guardia Civil en materia de narcotráfico, de un robusto entramado criminal asentado principalmente en Galicia, pero con una intensa actividad delictiva por distintas provincias españolas, e incluso por varias zonas de Portugal.
La investigación permitió descubrir que transportaban droga oculta en vehículos, sin contar con el apoyo de otros vehículos de seguridad para evitar controles policiales o cualquier otra incidencia. Esta línea de investigación, llevó a los agentes hasta un taller clandestino ubicado en Vigo, cuyo responsable ha resultado ser un actor fundamental en la logística utilizada por la organización ahora desmantelada.
Los investigadores también comprobaron el alto nivel de vida de muchos de sus integrantes, aún sin disponer de ingresos económicos legales conocidos, ni propiedades, pero sí distintas sociedades en grave estado de déficit declarado.
Pese a ello, los investigados adquirían con frecuencia vehículos de alta gama, todo tipo de mobiliario para viviendas a nombre de cónyuges o familiares, así como viajes exclusivos, lo que derivó en un exhaustivo análisis económico y patrimonial sobre los principales miembros de esta organización y de sus sociedades, permitiendo todo ello la imputación de otros delitos como el blanqueo de capitales.
La explotación de la operación se realizó el pasado miércoles y supuso la detención de 10 personas, a las que se imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales, así como a 15 registros que se practicaron en las provincias de Pontevedra y Lugo.
Además de los 220 kilogramos de cocaína, fueron intervenidos 2,5 kilos de hachís, 640.000 euros en billetes de diverso valor, 8 vehículos, inhibidores de frecuencia, sistemas de detección de radio frecuencia (raquetas), documentación relacionada con los ilícitos investigados y terminales con sistemas de comunicación encriptados.
Además, han sido inmovilizados más de 4 millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, embarcaciones, y cuentas bancarias bloqueadas.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Galicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, contando con la colaboración de Europol en el desarrollo de las investigaciones.
El dispositivo de la fase de explotación, ha contado con la participación de más de 250 agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil, entre ellas el Grupo de Acción Rápida (GAR), los Grupos de Reserva y Seguridad de Valencia y León, Servicio Cinológico Central, Sección Fiscal de Melilla y diversas unidades de las Comandancias de Pontevedra, Lugo y Melilla.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga.