Francisco Caamaño, ex ministro y responsable del equipo jurídico que colabora con el Concello de Pontevedra en la elaboración de los recursos contra la prórroga de Ence, mantenía este miércoles un encuentro con el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y con técnicos municipales para analizar los próximos pasos que se darán en los tribunales contra las últimas resoluciones del Tribunal Supremo, que consideran legal la prórroga concedida por el gobierno de Mariano Rajoy a la presencia de la fábrica pastera en Lourizán.
Caamaño aclaró que la resolución, recientemente conocida, del recurso de nulidad de actuaciones por parte de la misma sala que había dictado sentencia en el Tribunal Supremo era previsible. Y, a continuación, explicó que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se elaborará para presentarlo lo antes posible, seguramente a finales de agosto o principios de septiembre.
ARGUMENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO
El experto jurídico indicó que ese recurso que se presentará ante el Tribunal Constitucional se basará en dos cuestiones:
1. Que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo se manifiesta en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se basaba la anterior resolución de la Audiencia Nacional en la que se consideraba que la prórroga concedida a Ence era ilegal.
2. Que el Concello de Pontevedra había planteado cinco cuestiones jurídicas distintas en sus alegaciones ante la Audiencia Nacional. Ese tribunal "vio tan claro el asunto" que estimó, según Caamaño, la primera y no entró en las otras cuatro. De la misma forma, Ence solo planteó el recurso ante el Tribunal Supremo sobre una de las cuestiones y, por tanto, el Concello de Pontevedra solo pudo personarse también sobre esa cuestión.
El catedrático de Derecho Constitucional indica que el Tribunal Supremo en su sentencia no se pronuncia sobre las otras cuatro cuestiones y, por tanto, entiende que debería devolver el asunto a la Audiencia Nacional para que resuelva esos otros argumentos. Al no hacerlo, "produce un elemento de denegación técnica de justicia", afirma el abogado coruñés para justificar la presentación del recurso de amparo.
En todo caso, Francisco Caamaño explica que la gran dificultad es que el Tribunal Constitucional admita el recurso. "De cada 100 admite 2", reconoce y lo hace atendiendo a la "trascendencia constitucional", esto es, justificar que la cuestión tiene repercusión más allá de los intereses directos del Concello de Pontevedra. Circunstancia que considera justificada porque, además de que el Concello es una entidad pública, se defienden los intereses del Estado, del vecindario de Pontevedra y de las personas que viven la ría.
El asesor jurídico también insistió en que la sentencia del Tribunal Supremo vulneró la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y directivas europeas que establecen que, cuando se habilite de nuevo un espacio en el litoral, debe sacarse a concurso público entre diversas empresas y opciones públicas para escoger recursos para el litoral más adecuados por su naturaleza.
PLAZOS
La admisión o inadmisión del recurso se conocerá en un plazo de seis a ocho meses a partir de la presentación y la sentencia tardaría una media de cuatro o cinco años, según la media habitual del Tribunal Constitucional. "Están yendo más rápidos últimamente", reconoció alabando el trabajo de la nueva presidencia que ejerce Cándido Conde-Pumpido.
Francisco Caamaño: "No en todos los lugares de España hay rías, es un patrimonio insólito"
En caso de que la sentencia fuera favorable al Concello, el caso debería devolverse a la Audiencia Nacional. En caso contrario, Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, sostuvo que se acudirá a los tribunales europeos hasta agotar "todas as vías posibles para recuperar a ría".
Francisco Caamaño insistió en el voto de la magistrada particular en la sentencia del Tribunal Supremo que recordaba que este tipo de concesiones no pueden ser prorrogadas por la ley salvo en caso de que no haya otro lugar donde la actividad industrial se pueda establecer, basándose en la doctrina del Tribunal Constitucional. "El Tribunal Supremo hizo un esfuerzo para decir que Ence no está en ese caso previsto en la ley. Al excepcionar la ley hace una excepción a la sentencia del Tribunal Constitucional", manifestó el jurista entendiendo que el Supremo "puenteó" la interpretación del Constitucional "para salir al paso y buscar una alternativa distinta".
Entiende que esa resolución del Supremo supone un "buen rejonazo" a la Ley de Protección del Litoral.
"No en todos los lugares de España hay rías, es un patrimonio insólito. Cuando están establecidos los plazos lo que se espera es que sean renovados con acuerdo a la ley. El Tribunal Supremo dice que fue renovado conforme a ley y el Concello de Pontevedra y otros colectivos creen que no. Ese es el debate. Pero, de fondo, lo que hay es la utilización del litoral. Ese es el debate real de fondo", concluyó el ex ministro.
El alcalde de Pontevedra apuntó que cuando los actuales propietarios adquirieron Ence sabían que lo hacían con una condición, que la fecha de caducidad era hasta 2018.