Visto para sentencia el macrojuicio de los Miguelianos, el más largo da Audiencia de Pontevedra
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Tras 30 sesiones de vista oral repartidas a lo largo de los dos últimos meses y el paso ante el tribunal de 118 peritos y testigos, este martes ha quedado visto para sentencia el macrojuicio más largo de la historia reciente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el denominado caso de los Miguelianos, que juzga las presuntas irregularidades en el seno de la asociación pública de fieles Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, hoy disuelta por la Iglesia.
La última sesión fue una de las más maratoniana de todas las celebradas, con una duración de cerca de nueve horas, durante las que todas las partes realizaron sus informes finales para defender la condena o absolución de los siete acusados.
Ahora, todo está en manos de las tres magistradas que componen el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia, que deberán dictar sentencia antes del 11 de diciembre, cuarto aniversario de la detención del líder del grupo y principal acusado en esta causa, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, para quien, por ley, no se puede prorrogar más tiempo la prisión preventiva.
El fiscal del caso, Juan Pablo Martínez, hizo uso del turno inicial, en el que insistió en que la prueba practicada permite concluir que la asociación tenía una "estructura de secta", tal y como siempre han manifestado antiguos integrantes de Orden y Mandato que ahora denuncian las irregularidades que se cometían en su seno y que iniciaron este procedimiento al pedir la intervención de un detective privado que investigó lo que ocurrió alrededor de la que estaba considerada como 'casa madre' de Mougás, en Santa María de Oia.
El fiscal pide de 66 años de prisión para Miguel Rosendo por un delito de asociación ilícita, 12 contra la integridad moral, cinco de coacciones, uno de agresión sexual continuado y dos de abuso sexual continuado. En su informe insistió en que "no podemos mirar para otro lado" en relación con lo que sucedía en Orden y Mandato, donde detecta una "falta de capacidad crítica" y que Miguel Rosendo aplicaba "técnicas de persuasión coercitiva" y también "humillaciones", "insultos", "agresiones" físicas y prácticas sexuales denigrantes para sus víctimas, que en tres casos se habrían hecho contra la voluntad de las mujeres.
Además, el fiscal pide dos años para Ivana Lima, Belén Esmerodes, José Carlos Acevedo e Iria Quiñones por asociación ilícita; y 11 meses para Esteban Riobó y Dolores Espiñeira por el mismo delito. En el caso de estos dos tienen la doble condición de acusado y víctima y el fiscal pide que se el aplique la eximente incompleta de afectación de la capacidad intelectiva y volitiva.
La acusación particular, que ejerce la abogada Ana Reguera, solicita 82 años de prisión para Miguel Rosendo por una veintena de delitos de agresión sexual continuada, coacciones, lesiones psíquicas, contra la integridad moral, estafa o subsidiariamente de apropiación indebida y contra los derechos de los trabajadores y en su informe insistió en que se ha probado en la sala que "atacó" la "libertad de actuar en general" de los miembros de Orden y Mandato con un "engaño espiritual".
La letrada le atribuyó "actos monstruosos" e insistió en los abusos sexuales que presuntamente cometió el líder y que acreditaron en la sala tanto sus presuntas víctimas como los peritos de la Guardia Civil que tacharon de "auténtico infierno" las experiencias que relatan las antiguas consagradas de la asociación que ahora figuran como víctimas en esta causa.
El abogado de Feliciano Miguel, el mediático Marcos García Montes, solicitó una vez más la absolución de su cliente y su inmediata puesta en libertad y, además de insistir en las dilaciones indebidas que detecta en los cuatro años de instrucción de esta causa, se centró en desmontar los testimonios de las presuntas víctimas y antiguos adeptos, en las que detecta contradicciones.
En su informe final, el más largo de todos los realizados este martes, insistió en que su cliente "no quiere venganza ni deseos de perjudicar a nadie", solo busca "su libertad y su inocencia" y que el juicio celebrado ha significado "la involución de la presunción de inocencia".
La abogada defensora de las consagradas que siguen fieles a Miguel Rosendo Ivana Lima e Iria Quiñones, Beatriz Seijo, ha negado que en Mougás se diesen situaciones de "humillaciones públicas" o "aislamiento" que relataron antiguos adeptos y que en el convento de Vilariño en el que estaban las consagradas no había situaciones de trato reprochable que las acusaciones atribuyen a sus clientas, sino que llevaban una "vida consagrada con votos de obediencia, castidad y pobreza" que debe ser "respetada".
A su juicio, "no hay una sola prueba de cargo", de modo que pidió su libre absolución, al igual hicieron el resto de abogados defensores. También la abogada de la diócesis de Tui-Vigo, acusada en esta causa como responsable civil subsidiaria, consideró que sus clientes no pueden ser condenados, pues "se sostenga la versión que se sostenga, la responsabilidad civil subsidiaria sería inexistente".
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