Reunión de urgencia este martes de la Comisión Galega de Control da Violencia para analizar el acto violento registrado en un partido cadete femenino de balonmano en Vilalonga, el fin de semana, y que terminó con un familiar del árbitro gravemente herido con un traumatismo craneal.
Tras este encuentro, presidido por el secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, la Comisión ha confirmado el inicio de la instrucción de un procedimiento sancionador al presunto agresor por una infracción muy grave.
Se trata de un nivel de gravedad que según la Lei do Deporte de Galicia lleva aparejadas sanciones económicas de entre 60.000,01 euros hasta 650.000 euros.
Según esta ley se considerará como muy grave "la realización de cualquier acto o conducta cuando les ocasione daños o graves riesgos a las personas o a los bienes, o cuando concurran circunstancias de especial riesgo, peligro o participación en él".
Además puede suponer también la obligación de desarrollar trabajos sociales en el ámbito deportivo y la sanción de prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período abarcado entre dos años y cinco años.
"Debemos mandar un mensaje claro de tolerancia cero frente a cualquier conducta violenta en el deporte", ha advertido el secretario xeral, José Ramón Lete.
En este sentido, la Comisión Galega de Control de la Violencia avanza que utilizará todos los medios que tiene a su alcance para que ninguna manifestación de violencia quede impune.
El gobierno autonómico ha confirmado además que este mismo martes ha llegado a los juzgados la denuncia presentada ante la Guardia Civil por los hechos ocurridos en el pabellón de Vilalonga durante el encuentro entre los equipos de Sanxenxo y Rasoeiro.