Año negro para las mujeres en la provincia de Pontevedra. Cuatro fueron asesinadas este 2025, dos por parte de sus propios hijos, una supuestamente por su pareja y la cuarta por un hombre a cuya casa acudía a trabajar en el Servicio de Ayuda en el Hogar.
Perfiles diferentes y una misma realidad que tocó a los municipios de Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Vilagarcía y O Porriño. Sus cuatro nombres figuran, desde el pasado 25 de noviembre, entre los círculos de víctimas de la violencia machista instalados en el exterior de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
El año ya empezó duro el día 2 de enero. R.R.G., de 78 años, recibió una grave paliza por parte de su hijo en Cerdedo -Cotobade y acabó falleciendo en el hospital 14 días después como resultado de las graves lesiones que le provocó a golpes.
La víctima permaneció en estado crítico en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo durante dos semanas con múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo, como el cráneo o la zona costal.
Su hijo, detenido el mismo día de los hechos por un asesinato en grado de tentativa, estuvo 20 días ingresado en el área de Psiquiatría del complejo hospitalario de Pontevedra, hasta que el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) confirmó que estaba en condiciones de declarar. El 22 de enero ingresó en prisión.
El hombre le dio una brutal paliza a golpes a su madre en la vivienda familiar en el lugar de Vila de Abaixo, en la parroquia de Santa María de Sacos. Allí vivía ella y él tenía su vivienda fijada en Barro, si bien en los días previos estaba con su madre en la casa.
Era tan solo el primer matricidio del año en la provincia. En septiembre, E.G.D., de 61 años, fue presuntamente asesinada por su hijo en Vilagarcía de Arousa. Fue hallada muerta en su domicilio, tendida boca abajo, entre abundante sangre y con heridas producidas por arma blanca.
El joven, de 22 años, e investigado como presunto autor de la muerte violenta de su madre, permaneció hospitalizado en estado muy grave en el hospital dos meses, pues se tiró desde el balcón del domicilio familiar después de los hechos.
Finalmente, en noviembre, tras recibir el alta, fue detenido, pasó a disposición judicial y se acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por un delito de homicidio.
Especialmente mediático y llamativo fue el asesinato presuntamente machista de M.C.P., de 49 años, en Campo Lameiro, cuyo cadáver apareció calcinado, junto al de su pareja, el 31 de mayo en una pista forestal del lugar de Caneda, en la parroquia de Morillas, en Campo Lameiro.
Tras mucha especulación, diez días después, el ADN confirmó que los dos cadáveres localizados se correspondían a una pareja de Moraña, José Ramón G.S, de 50 años, y M.C.P., de 49, que llevaban desaparecidos desde unos días antes del hallazgo de los cuerpos.
Ella apareció dentro de un coche calcinado y él a escasos metros y sus cuerpos estaban totalmente calcinados. El estado de los cadáveres complicó las investigaciones, si bien a los pocos días ya se impuso la hipótesis de que se trató de un crimen por violencia machista.
El varón había sido condenado en dos ocasiones por violencia machista y los investigadores sospechan que mató a su pareja calcinada dentro de un coche y luego acabó con su vida, si bien nunca ha llegado a confirmarse de forma oficial como víctima de violencia de género.
La cuarta víctima mortal del año fue T.D.J.G., una trabajadora del SAF de 48 años a la que mataron en O Porriño en julio.
Los hechos sucedieron en una de las casas de O Porriño a las que la víctima acudía para ejercer su profesión. La trabajadora, vecina de Mos, atendía a la mujer del presunto asesino y dias antes había denunciado una situación de acoso sexual por parte del hombre.
El día de los hechos, los investigadores localizaron a la mujer con un hachazo en la cabeza y al hombre sentado en una esquina en silencio y lleno de sangre.
Permaneció dos meses en la Unidad de Psiquiatría del hospital Álvaro Cunqueiro, hasta que se determinó que podía declarar. Luego, el juzgado lo envió a prisión, investigado por un delito de asesinato, si bien con la indicación de cumplir la privación de libertad en un módulo terapéutico o institución análoga.
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