La Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará la próxima semana a Francisco G.L., el propietario de la pirotecnia ilegal que en mayo de 2018 explotó y dejó devastado el lugar de Paramos, en Tui, provocando la muerte de un matrimonio y dejando 37 heridos y daños que superan los 12 millones de euros.
El juicio se ha señalado para el próximo jueves 26 de septiembre en la sección cuarta de la Audiencia y previsiblemente se cerrará con una conformidad, pues ya meses atrás la Fiscalía alcanzó un acuerdo con el acusado. Inicialmente, el fiscal pide que sea condenado a 14 años de prisión, si bien habría llegado a un acuerdo que reduciría la pena a cuatro.
Aunque en la vía penal existe este acuerdo previo con la Fiscalía, no así en la vía civil. La aseguradora Mapfre tendrá que hacerse cargo de las indemnizaciones hasta el límite de las coberturas previstas en la póliza. Por los daños en inmuebles deberá indemnizar a 430 titulares. Por los daños en los vehículos, a 76 perjudicados. Por los daños en los servicios, al Concello de Tui. Por los menoscabos físicos, a 36 personas y por el fallecimiento del matrimonio, a sus dos hijos.
El acusado estuvo en prisión provisional entre el 29 de mayo de 2018 y el 11 de marzo de 2019, de modo que ya cumplió diez meses de los que finalmente le imponga la Audiencia. Se le acusa de un delito imprudente de estragos, dos delitos de homicidio imprudente, 28 delitos de lesiones por imprudencia y tres delitos de riesgo provocados por explosivos.
Como propietario de Pirotecnia La Gallega, el fiscal le considera responsable de almacenar 1,4 toneladas de productos con carga explosiva fuera de control de la Administración y con un destino desconocido, 735,670 kilos de material clandestino de proveedores españoles y otros 671,136 de importación procedente de Portugal.
Al hacer "acopio clandestino de material pirotécnico con capacidad para causar daños por detonación", para el fiscal, actuó con "consciente menosprecio" a la normativa sobre seguridad en materia de explosivos y pirotecnia, "total ausencia de medidas de seguridad" para tener depósitos de material explosivo y eludiendo de manera intencionada el control administrativo.
Ese material clandestino fue el que explotó el 23 de mayo de 2018. Según el fiscal, sobre las 16:15 horas, una cantidad total no inferior a los 2.500 kilos de material de naturaleza explosiva reaccionó de manera espontánea por causa de la degradación del material, por una descarga eléctrica o por precipitación o sensibilidad de los productos a efectos de impacto, arrasando la zona.
La explosión ocasionó daños personales y materiales, volatilizando tanto la nave como su entorno. El rastro de la explosión acabó dejando un reguero de sacos y barriles metálicos de diversas características, llenos de productos químicos y de materias degradadas y/o parcialmente consumidas por la acción del calor y utilizadas para la fabricación de productos pirotécnicos, restos derretidos de productos químicos y cajas completas de petardos.
La explosión causó el fallecimiento de un matrimonio y dejó huérfanos a sus dos hijos de 6 y 14 años.
Además, 37 personas resultaron afectadas por la explosión, hubo daños en 446 propiedades y resultaron afectadas las redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, electricidad y telefonía y carreteras y mobiliario urbano cuya reparación costó 722.422,82 euros. También sufrieron daños 83 vehículos.
Tras la explosión, la Guardia Civil localizó en posesión del acusado tres puntos de almacenamiento clandestino.