El desarrollo residencial del Proxecto de Interese Autonómico (PIA) de San Amaro (San Mauro), en Pontevedra, centró este jueves el debate en el Parlamento de Galicia.
La iniciativa proyecta la urbanización de 21 hectáreas de suelo para dar cabida a unas 2.010 viviendas, cuya mayoría contarán con algún tipo de protección pública, con la previsión de albergar a más de 4.000 nuevos residentes.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, expuso ante la cámara que esta actuación supone un "proxecto de cidade" cuyo "obxectivo é moi claro: facilitar o acceso á vivenda, que máis mozos poidan emanciparse e que máis familias poidan desenvolver o seu proxecto de vida en Pontevedra".
La titular del departamento autonómico señaló que actualmente constan 2.227 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda en el municipio y que el plan cuenta con la conformidad inicial del Concello y de diferentes grupos políticos.
Por su parte, la diputada del PSdeG Paloma Castro criticó la gestión del expediente y exigió que la Administración autonómica "abra un proceso real de diálogo cos afectados" antes de avanzar en la tramitación expropiatoria.
Según los datos trasladados por la parlamentaria socialista, el plan afecta de manera directa a casi 300 vecinos, concretamente a 13 propietarios de viviendas unifamiliares y a 270 titulares catastrales de parcelas.
Castro denunció que las familias "souberon do que se pretendía facer coas súas propiedades pola publicación no DOG" en fases anteriores y calificó de "irrisorias" las valoraciones estimadas de entre 2 y 10 euros por metro cuadrado.
En respuesta a las críticas sobre la relación con los titulares del suelo, la conselleira Allegue destacó la interlocución mantenida por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), con doce encuentros informativos celebrados hasta la fecha con el fin de "escoitar as demandas individuais" y ofrecer asesoramiento.
La representante de la Xunta detalló que los propietarios disponen de opciones como el realojo en una vivienda de reemplazo, la adquisición de nuevas parcelas urbanizadas o la indemnización económica.
Respecto a los criterios financieros de la expropiación, la conselleira aclaró que "o xusto prezo do solo non o decide a Xunta, senón que se calcula conforme á normativa estatal de obrigado cumprimento".
En el caso de las edificaciones, especificó que se calcularán a precio de mercado aplicando un coeficiente de antigüedad, recordando que los valores actuales son estimativos y los definitivos se fijarán en el posterior expediente de expropiación.
El grupo socialista cuestionó el modelo y reprochó que las restricciones de transmisión por diez años que se aplicarían a las viviendas de reemplazo empeoran la posición jurídica actual de los vecinos que poseen propiedades libres.
La deputada del PSdeG concluyó que "un proxecto de interese autonómico non pode converter os veciños nos únicos que pagan o custo dunha política pública da que se beneficia toda a sociedade", instando al Ejecutivo a buscar fórmulas de mutuo acuerdo o compras voluntarias en lugar de aplicar de forma directa la vía expropiatoria.