Justo cuando se cumple un año desde que Ana Outerelo y Tamara Vidal presentaron la solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia, el caso de estas dos trabajadoras pontevedresas ha experimentado esperanzadoras novedades.
Ambas fueron condenadas por la Audiencia de Pontevedra a tres años de prisión por arrojar pintura a la piscina de Pontemuíños durante la huelga de instalaciones deportivas que tuvo lugar en 2010. Participaban en un piquete y fueron identificadas por el gerente de las piscinas, quien las acusó también de haberle empujado durante las protestas.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que las dos mujeres podrán evitar la prisión en aplicación del nuevo Código Penal, que ha modificado el artículo que regula las penas por delitos contra los derechos de los trabajadores.
"Es previsible razonablemente que esas personas condenadas puedan solicitar una revisión de condena y, por lo tanto, se les aplique el nuevo Código, que no lleva consigo la pena de prisión", explicó el responsable gubernamental.
En todo caso, Catalá recuerda que su solicitud está "en trámite" y que el indulto depende del Gobierno y no del ministerio que él mismo gestiona.