La decisión de la Sociedad Gitana de Galicia de desterrar de las provincias de Pontevedra y A Coruña a cualquier familiar del marido de María Luisa Jiménez Jiménez, detenido como supuesto autor de su homicidio, tiene el respeto de las autoridades políticas y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero es una decisión no compartida. "En nuestra ley, en nuestra Constitución, no existe el destierro", señaló este miércoles el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello.
La sociedad que preside Sinaí Giménez justifica el destierro por cuestiones de seguridad, para "evitar baños de sangre". Coello insistió en que "es una medida interna" de la comunidad gitana que él, como representante del Gobierno en Pontevedra, "no voy a valorar", pero sí quiso incidir en que en España, para garantizar la seguridad, "hay otra serie de medidas penales que tiene que poner en marcha el Juzgado de Instrucción".
El subdelegado realizó estas declaraciones este miércoles en el acto de repulsa organizado en el Concello de Vilaboa para condenar el que ha sido el último caso de violencia de género en Galicia y en solidaridad con la familia de María Luisa Jiménez, supuestamente asesinada a golpes y cuchilladas a manos de su marido, José Luis Cortiñas Romero, que presuntamente se la llevó a la fuerza de la casa de su hermana en Vilaboa, la mató en el coche de camino a Lugo y la enterró en O Pino, entre los municipios coruñeses de Curtis y Teixeiro.
Este miércoles se repitieron actos de repulsa y minutos de silencio en Vilaboa, Poio y Pontevedra. La víctima era natural del poblado de O Vao (Poio), vivía con su marido en Lugo, pero llevaba dos meses residiendo en Figueirido (Vilaboa) con su hermana, de ahí que las condenas por el crimen se hayan repetido en las tres localidades y también en la capital lucense.
Como acto de repulsa, una treintena de personas guardó cinco minutos de silencio ante el Concello de Vilaboa, entre ellos, el subdelegado del Gobierno, miembros de la Corporación, trabajadores de servicios sociales, funcionarios municipales y vecinos en general.
El alcalde, Luis Poceiro, se mostró muy emocionado, con lágrimas que le dificultaron hablar ante los medios, pero sí alcanzó a calificar el crimen como "algo moi grave", en especial porque la víctima tenía seis hijos y estaba embarazada cuando murió. La mujer llevaba dos meses residiendo en Vilaboa, tenía a sus hijos menores escolarizados en el municipio y la familia "leva anos" viviendo en Figueirido.
Antonio Coello mostró su "más enérgica repulsa" ante este último caso de violencia contra la mujer y señaló que "tiene que invitar a seguir trabajando con esfuerzo para que no se vuelva a producir" un episodio de estas características. Hizo un llamamiento a las víctimas a denuniciar todo tipo de maltrato y a llamar al teléfono gratuito 016 como "forma más eficaz" de erradicar la violencia de género.
En relación con las medidas adoptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar enfrentamientos entre las familias de la víctima y el detenido, indicó que se han seguido los protocolos profesionales establecidos "para actuar preventivamente y disuasoriamente" para evitar conflictos. Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, anunció que la familia del marido abandonó la provincia este miércoles para evitar "vendettas".
En Poio también organizó un acto simbólico de "solidaridad con las víctimas y sus familias", y de denuncia y reivindicación de la erradicación de la violencia machista en la Casa Rosada al que asistió personal del Centro de Información a la Mujer, miembros de la Corporación y trabajadores municipales. El alcalde, Luciano Sobral, hizo una "chamada a la calma" especialmente dirigida al los vecinos del asentamiento chabolista de o Vao, donde reside parte de la familia de la víctima, porque "as cousas nunca se arranxan con violencia".
En Pontevedra, donde la víctima será enterrada este miércoles en el cementerio de San Mauro, se celebró una concentración silenciosa en recuerdo a las víctimas. Fue delante de la Casa Consistorial de la Plaza de España.