En los pasillos del juzgado de lo Social se encontraban algunos de los que han sido principales dirigentes de la Cámara de Comercio de Pontevedra, liderados por el expresidente en funciones de la institución Antonio Gómez Rivera. Junto a ellos, acompañándolos, estaba el actual presidente, Eduardo Barros, que también se acercó hasta la Audiencia Provincial.
Los miembros de ese comité ejecutivo anterior estaban citados por el despido del trabajador Augusto Aláez que reclama la nulidad de esa decisión y una indemnización económica.
El juicio no se llegó a celebrar por falta de documentación y porque el demandante alega que la persona que le otorgó el poder para defender a la entidad no era miembro de la Cámara de Comercio y, por lo tanto, carece de legitimación para representar a la institución. Según explica el ex trabajador, una modificación legal establece que si los integrantes no se daban voluntariamente de alta no podían ser electos y, por tanto, no podían ser considerados miembros del pleno. Augusto Aláez indica que precisamente la notificación a los miembros de la Cámara de que tenían que revisar el censo electoral a través del comité ejecutivo fue desencadenante de su despido. El 20 de diciembre de 2012 lo notificó por escrito a los miembros y 8 días más tarde fue despedido.
El juicio se desarrollará el próximo 28 de junio y Augusto Aláez seguirá reclamando la readmisión en la empresa y, emocionado, comentaba que la indemnización que solicitará será para ayudar a los compañeros que están en distintas Cámaras como la de Lugo en la que llevan sin cobrar desde hace más de medio año.
Ni el expresidente en funciones, Antonio Gómez Rivera, ni el actual presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Eduardo Barros, quisieron realizar declaraciones sobre este caso. En su momento, Gómez Rivera justificaba éste y otros despidos en la institución con el cumplimiento de un plan de viabilidad.