La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) recibió un escrito de la Subdirección Xeral de Coordinación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia en respuesta a la denuncia formulada por el colectivo ecologista contra ENCE por el incumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI).
De acuerdo con el escrito, Augas de Galicia ha emitido cinco informes en diversas ocasiones a lo largo de los años 2013 y 2014, informes que hacen referencia a la utilización de las llamadas balsas de emergencia, que "tal como denunció la APDR en el pasado mes de abril, entra en contradicción con lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada".
Defensa da Ría denunciaba de aquella la utilización de las balsas de emergencia para diluir la concentración de los contaminantes presentes en las aguas de vertido de ENCE, "una práctica ilegal reconocida por sus representantes", sostiene la APDR y por la que ahora la Xunta de Galicia se limita a "advertir" a la empresa indicándole que "el cumplimiento de los valores límite de emisión en ningún caso podrán alcanzarse mediante dilución".
Según valoran desde la asociacion medioambientalista "resulta ciertamente indignante que la Xunta, que reconoce implícitamente que ENCE utiliza las balsas de emergencia para diluir sus vertidos no abra un expediente sancionador contra la empresa, una empresa que -no se debe olvidar- se caracteriza por el incumplimiento de la legislación ambiental sin que el Gobierno gallego tome medidas".
Ante esta situación, la APDR solicita copia de la totalidad de los informes emitidos por Aguas de Galicia así como de aquella información facilitada por la empresa en respuesta a las solicitudes de este organismo autónomo; asimismo, pregunta al Gobierno gallego si ha abierto algún expediente sancionador a ENCE y se ha adoptado alguna medida para impedir la utilización fraudulenta de las aguas de las balsas de emergencia para la dilución de los vertidos.
Ya por último, la APDR quiere llamar a la atención sobre un hecho "que no debe pasar desapercibido: todo indica que la Xunta de Galicia y el Gobierno español quieren prorrogar la concesión de ENCE en Lourizán aplicando la nueva Ley de Costas; una prórroga a una empresa que incumple la legislación y que no respeta ni los derechos de la población ni las condiciones fijadas en su Autorización Ambiental Integrada a pesar de haber sido pactada y hecha a la baja para que no tuvieran dificultades para cumplirla".