La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a catorce personas por su participación en un entramado destinado a regularizar embarcaciones mediante el uso de documentación falsificada.
Las penas impuestas oscilan entre los diez meses y los dos años y seis meses de prisión, al considerarlas cooperadoras necesarias de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
La resolución judicial declara extinguida la responsabilidad penal del principal investigado tras constatar su fallecimiento.
Según recoge la sentencia, este era el administrador de una empresa dedicada a la construcción naval que disponía de un astillero en Bueu.
Los magistrados consideran acreditado que, al menos entre 2013 y 2021, el fallecido emitió declaraciones de conformidad para embarcaciones que aparentaban haber sido construidas en su astillero cuando, en realidad, no era así.
Estos documentos se elaboraban previo pago y permitían, por un lado, que propietarios de embarcaciones inscritas en la tercera lista, destinada a la pesca profesional, obtuvieran también su matriculación en la séptima lista, correspondiente a embarcaciones de recreo.
En otros casos, servían para dotar de documentación a embarcaciones que carecían de ella y, por tanto, no podían navegar legalmente.
La Sala destaca que ninguna de esas embarcaciones había sido construida en el astillero ni contaba con la documentación exigida por la normativa.
No obstante, el tribunal precisa que no existen pruebas suficientes para concluir que todos los propietarios conocieran que el administrador carecía de autorización para certificar embarcaciones ajenas a su actividad constructora.
La sentencia también considera probado que, entre 2016 y 2020, varios profesionales del sector náutico y personas dedicadas de forma habitual a la compraventa de embarcaciones recurrieron a este sistema para obtener la inscripción y matriculación de embarcaciones sin la documentación necesaria, siendo conscientes de la ilegalidad del procedimiento.
Según los magistrados, estos intermediarios sabían que el administrador confeccionaba facturas que simulaban ventas inexistentes del astillero a los clientes, así como declaraciones de conformidad ajustadas aparentemente a la normativa europea, pese a no haber construido ni inspeccionado las embarcaciones.
Aun con ese conocimiento, facilitaron la documentación y los datos de los compradores y de las embarcaciones para que se elaboraran los documentos falsos, que posteriormente eran presentados en la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa con el fin de obtener la inscripción y matriculación.
El tribunal ha absuelto a dos de los procesados después de que la acusación retirase los cargos que pesaban sobre ellos como presuntos cómplices de un delito continuado de falsedad documental.
En cuanto a las condenas, nueve acusados deberán cumplir un año y dos meses de prisión, mientras que otros dos han sido sentenciados a diez meses de cárcel.
Además, otras tres personas han sido condenadas como autoras del mismo delito a penas de un año y seis meses, dos años y seis meses, y dos años y tres meses de prisión, respectivamente.
La resolución judicial aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).