El pasado 26 de mayo, el Concello de Pontevedra convocó la comisión de seguimiento de las ayudas de emergencia social, un órgano previsto en la ordenanza municipal y que, según explicó la concejala de Bienestar Social, Anabel Gulías, se reunió por primera vez de manera formal.
Lo hizo para analizar el estado del sistema, plantear mejoras y servir de base para presentar la actualización de unos criterios que no se modificaban desde 2018.
En una rueda de prensa celebrada este viernes, Gulías enmarcó estos cambios dentro del sistema municipal de protección social, orientado a atender necesidades básicas en situaciones excepcionales.
Este modelo se articula a través de las ayudas de emergencia social, la renta social y la red de inclusión mediante convenios con entidades como Cáritas o Rexurdir, o dispositivos como el protocolo de frío, al que se sumará próximamente un protocolo de calor.
La reforma de la ordenanza busca dar respuesta al encarecimiento de la cesta de la compra, mateniendo el salario mínimo interprofesional como referencia de ingresos, en lugar del IPREM.
"Isto permítenos atender máis necesidades e tamén a persoas que, aínda cobrando o salario mínimo, están en situación de precariedade", subrayó la concejala.
Entre las principales mejoras destaca el incremento de las ayudas destinadas a alimentación y productos básicos, con cuantías elevándose de 180 a 300 euros para personas solas; de 250 a 400 euros en unidades familiares de dos miembros; de 320 a 500 en las de tres; de 380 a 600 en las de cuatro; de 430 a 700 en las de cinco; de 480 a 800 en las de seis; y de 530 a 900 euros en el caso de siete o más miembros.
En materia de vivienda, el Concello refuerza la prevención de desahucios, permitiendo actuar sin necesidad de un aviso formal mediante el pago de deudas de alquiler.
Si el desalojo llega a ejecutarse, las ayudas cubrirán la fianza, la primera mensualidad de un nuevo alquiler y el alojamiento temporal en establecimientos hoteleros.
Las ayudas energéticas se amplían de tres a seis mensualidades para el pago de luz y gas, incluyendo además los costes necesarios para restablecer el suministro en caso de corte.
Por primera vez, también se podrán financiar los comedores escolares durante todo el curso y en periodos vacacionales, en función de la valoración de los servicios sociales.
Otra de las novedades es el aumento hasta el 100% de la financiación en gastos sociosanitarios, tanto para personas sin cobertura de la Xunta como para complementar ayudas insuficientes.
Este porcentaje completo se aplicará igualmente a la adquisición de mobiliario básico y al acondicionamiento sanitario de las viviendas. Además, el Concello asumirá de forma urgente el coste de plazas en centros de día y residencias mientras se resuelven las prestaciones de dependencia autonómicas.
Gulías destacó la agilidad del servicio, que tramita las ayudas urgentes en 72 horas y resuelve las ordinarias en un plazo medio de un mes, con diez días para la emisión del informe social. El departamento cuenta con 14 trabajadoras sociales, además de personal técnico y administrativo.
En cuanto a la evolución de la demanda, las solicitudes han crecido en los últimos años, pasando de 48 en 2023, 72 en 2024 y 86 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 se registraron 27. Las ayudas concedidas fueron 39 en 2023, 56 en 2024, 77 en 2025 y 13 en lo que va de año.
Finalmente, la concejala avanzó que en septiembre está previsto cerrar un acuerdo con el Colegio de Odontología para atención bucodental a precios adaptados, mientras que ya se trabaja en otro con el Colegio de Psicología para facilitar el acceso a la salud mental.
Además, se estudiará de cara al próximo año un convenio con optometristas, propuesto por el Partido Popular.