La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó este lunes las obras que impulsan las cooperativas de viviendas de protección autonómica Andares do Lérez y Beiras do Lérez en el barrio pontevedrés de Tafisa.
En el caso de Andares do Lérez recibió una ayuda autonómica de 560.000 euros para vivenda protegida siendo una de las ocho promotoras beneficiadas este año en Galicia, con una dotación total de 4,3 millones de euros para la construcción de 403 viviendas.
La conselleira destacó que la Xunta potenciará esta línea de ayudas en los presupuestos del 2026, y prevé triplicar hasta cerca de 15 millones la inversión para seguir incentivando la construcción de vivienda protegida.
De nuevo habrá las dos modalidades de aportaciones, para destinar las viviendas a la venta y a la alquiler y los precios de las mismas serán los de la vivienda protegida para las modalidades de régimen especial, general y concertado.
Son aportaciones que también se suman a las que la Xunta ofrece la particulares para adquisición de vivienda.
Allegue ha vuelto a destacar la necesaria colaboración del sector público y privado para garantizar el acceso a la vivienda digna, de calidad y a un precio "accesible".
Ha insistido en la reclamación que la Xunta ha hecho al Gobierno central para que incorpore esta línea de aportaciones a promotores para venta en el Plan Estatal de Vivienda, que hasta ahora solo contempla las de alquiler.
Durante esta visita, Javier Castro Valdivia, administrador de la gestora de cooperativas Gestogar, intervino en representación de las cooperativas de viviendas de protección autonómica Andares do Lérez y Beiras do Lérez, que agrupan a casi un centenar de socios, para hacer una petición a la administración autonómica: "Necesitamos más suelo para poder seguir creando vivienda asequible".
Castro Valdivia explicó que actualmente no disponen de suelo ni a corto ni a medio plazo, lo que impide continuar con nuevos proyectos de vivienda protegida. "Pedimos que se agilicen los procedimientos y se ponga suelo a disposición de las cooperativas, además de promover vivienda pública", reclamó.
El responsable de Gestogar también solicitó nuevas ayudas a la compra de vivienda, especialmente para cubrir el pago inicial o entrada, que calificó como la "gran barrera" para los futuros propietarios.
Asimismo, pidió módulos de precio más realistas en las zonas de protección oficial y reclamó también que la Xunta considere a las cooperativas como "aliadas naturales" en la creación de vivienda asequible.
Por último, el administrador pidió a la conselleira que interceda ante los redactores de la nueva Ley de Cooperativas de Galicia, cuyo borrador, según dijo, "parece hecho con el ánimo de que no se creen cooperativas de vivienda".
PRECIOS AL ALCANCE EN TAFISA
La cooperativa Andares do Lérez se constituyó el 11 de enero de 2024 para promover un edificio de 56 viviendas de protección autonómica VPA de régimen concertado en Pontevedra. Aunque los pisos varían según las decisiones del grupo, la mayoría son de tres dormitorios, dos baños, terraza, plaza de garaje y trastero, distribuidos en unos 85 metros cuadrados.
Las viviendas se ajustan al milímetro para cumplir con los módulos y adaptarse a la capacidad de compra de las personas, explican desde la cooperativa.
A pesar de su tamaño contenido, los pisos contarán con certificación energética A, calefacción por suelo radiante y sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria.
Todo ello, por un precio que ronda los 180.000 euros, muy por debajo de lo habitual en esta zona de Tafisa.
La clave del ahorro está en el propio modelo cooperativo ya que al eliminar márgenes intermedios, especialmente el del promotor, el coste final se reduce de forma significativa.
Las obras comenzaron hace cinco meses y tienen un plazo de ejecución de 24 meses.
Después, los nuevos propietarios deberán esperar unos cuatro meses más para completar los trámites administrativos, que incluyen la licencia de primera ocupación, la calificación definitiva y el visado de los contratos, requisitos propios de una vivienda de protección.