La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, iniciaba este miércoles 25 de mayo un calendario de movilizaciones por la defensa de los derechos del conjunto de empleados públicos.
En Pontevedra, la concentración tenía lugar ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, en donde hubo una representación de trabajadores pertenecientes al sindicato CSIF y a JUSAPOL (Justicia Salarial Policial).
Las movilizaciones se realizaron a las 12:00 horas de forma simultánea en todo el país. En Galicia, las concentraciones tuvieron lugar ante las subdelegaciones del Gobierno de las cuatro capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
"Este es el inicio de una serie de movilizaciones que vamos a hacer a lo largo de este año, principalmente por la pérdida de poder adquisitivo que llevamos acumulada desde el año 2010, que en algunos casos, según el grupo, hayamos trabajado gratis entre 15 y 18 meses. No solo eso, los servicios sanitarios que nos ofrecen a través de mutualidades ha habido un recorte enorme, en centros hospitalarios, atención... Personalmente, me está costando incluso encontrar un oftalmólogo, tendría que ir a tema privado", señala Jerónimo Fernández Vicente, presidente provincial de CSIF-Pontevedra a preguntas de PontevedraViva.
Fernández Vicente aclara que "cuando hablamos de un funcionario estamos hablando de un médico, de un policía, un profesor, un funcionario de Correos... A nosotros nos gusta más hablar de empleados públicos, no solo funcionarios, porque el personal laboral también son empleados públicos. Muchos de los trabajadores que hay en Defensa, fuera de los militares, son empleados públicos que, por ejemplo, llevan temas administrativos"
El presidente provincial de CSIF-Pontevedra fue el encargado de leer el manifiesto que el sindicato ha replicado en todas las concentraciones. En este texto se recuerda que durante la reciente crisis sanitaria se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con unos servicios públicos lo suficientemente dimensionados para poder ofrecer a los ciudadanos unos niveles de calidad en la prestación acordes al Estado de Bienestar.
"Las empleadas y empleados públicos, con su profesionalidad, entrega y un comportamiento ejemplar a lo largo de la crisis sanitaria, han demostrado una generosidad y entrega dignas de elogio, garantizando el normal funcionamiento de los servicios públicos a pesar de las difíciles circunstancias vividas y la carencia de personal en el conjunto de nuestras administraciones públicas", continúa el manifiesto. El sindicato reconoce que esta actitud ha sido reconocida por la sociedad en su conjunto, pero no tanto así por las administraciones públicas.
"Por eso hay que pasar de las palabras a los hechos y el Gobierno no puede rehuir la negociación colectiva con los legítimos representantes de los empleados públicos para abordar la situación actual, blindando nuestros servicios públicos y reconociendo la labor que prestamos a la sociedad", apunta Jerónimo Fernández Vicente.
Critican, además, que las últimas reformas de las pensiones, avaladas con la firma de CCOO y UGT, han propiciado un incremento en la edad para acceder a la jubilación y un recorte de hasta 8.500 euros si se accede a la jubilación a una edad más temprana de la establecida.
A estas carencias se añade que la temporalidad en el empleo público sitúa al conjunto de administraciones públicas en una tasa superior a la de la empresa privada, precarizando los servicios públicos y la labor que desarrolla el conjunto de empleados públicos.
Por todo ello reclaman la recuperación del poder adquisitivo, el respeto a las condiciones laborales, la estabilización del empleo y supresión la tasa de reposición, la corrección de las desigualdades retributivas entre administraciones, la actualización de las cuantías sobre indemnización por razón del servicio, la adecuación de los complementos de insularidad, la fijación del adelanto en la edad de jubilación a determinados colectivos por su actividad, que se ofrezca una prestación sanitaria adecuada a los mutualistas y beneficiarios, y el mantenimiento del régimen de Clases Pasivas, corrigiendo la desigualdad en la cuantía de las pensiones.