La dueña de la tapería A Terraza Chill Out precintada por el Concello de Poio por carecer de licencia de actividad y existir incumplimientos urbanísticos, se siente víctima de un "trato discriminatorio" por parte de la administración local. "La distinta vara de medir está muy clara", afirma.
Esta empresaria sostiene que el Concello "no ha tratado al resto de negocios vecinos como a mí, ni les ha exigido las licencias que la mayoría de ellos no tiene, ni de apertura, ni de colocación de mesas en espacios públicos".
Este pasado sábado, el Concello de Poio informó que la persona responsable de la tapería rompió el precinto y abrió al público el establecimiento. En el lugar se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que redactaron un atestado que se trasladó al juzgado de guardia.
El Concello de Poio inició ahora una doble vía. Por un lado, continúa el procedimiento administrativo con multas coercitivas por incumplimiento del decreto de Alcaldía en el que se precintaba el local y cesaba la actividad. Y por otra parte, se abre la vía penal con la denuncia que ya se presentó en el Juzgado de Guardia por desacato grave a la autoridad e incumplimiento del precinto del local y cese de la actividad.
Sin embargo, la responsable del establecimiento asegura que su negocio tiene licencia desde el año 1957, "que siempre fue usada por mi familia".
Recuerda esta hostelera de Combarro que sobre esta cuestión "y otras relativas a temas urbanísticos ya se discutió en procedimiento judicial, que ya está resuelto desde el año 2013" por lo que sostiene que "no tiene sentido que el Ayuntamiento de Poio intente abrir una y otra vez un procedimiento con el mismo fondo que ya ha sido tratado y resuelto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", que es el competente por tratarse de un tema de Patrimonio.
Esta empresaria asegura que "la actual administración del Ayuntamiento de Poio se niega a reconocer este asunto como cosa juzgada", y recuerda que tanto el Concello como los vecinos o cualquier otro interesado tuvieron oportunidad de presentar alegaciones o mostrar su oposición para impugnar la licencia "pero no lo hicieron, con lo cual mi licencia adquirió firmeza".
Niega esta hostelera haber cometido infracciones urbanísticas, asegurando que es una "acusación totalmente falsa y dañina contra mi honor y mi persona" y reitera que "jamás he hecho obra alguna, y mucho menos sin licencia".
Igualmente manifiesta que es falso que el local carezca de registro sanitario y argumenta que "no es competencia municipal, decidir sobre la colocación de las sombrillas, mesas, sillas, etc., en la playa porque están situadas en la línea de costa".
Esta hostelera entiende que se han vulnerado sus derechos con el cierre del local y espera que la justicia adopte una decisión al respecto.
Dicho esto, la hostelera carga contra los vecinos "que me denuncian una y otra vez" a los que señala como "los Tejeros en el pueblo" y a quienes acusa de cometer "infracciones urbanísticas manifiestas" sosteniendo que "usan sus viviendas particulares como turísticas clandestinas".
Por esto pide a las autoridades que actúe la inspección "para verificar la legalidad de estas viviendas de uso turístico y de la multitud de las que se están abriendo en el pueblo".
Por último, esta hostelera lanza un mensaje a las administraciones afirmando que "a mí me parece bien que hagan su trabajo pero que deben de ser objetivos y buscar mecanismos para no ser usados como instrumentos, arietes o emisarios a causa de enemistades, celos, envidias, intereses, etc.,… de personas que los usan sólo para hacer daño o perjudicar a otras, y no con el objetivo de establecer justicia y orden en la sociedad".
"Por desgracia, se está haciendo un mal uso de las instituciones y se están utilizando a las instituciones para fines perversos e injustos, y muchas veces, bajo presión. Esto es un síntoma de degradación democrática que cada vez se ve más", añade.