El colectivo de pensionistas y jubilados del sindicato CIG convocó movilizaciones para el próximo jueves día 27 de septiembre en diversas ciudades de toda Galicia. En el caso de Pontevedra será a las 20 horas en la Plaza de la Peregrina.
En una rueda de prensa celebrada este martes en el local de esta central nacionalista en Pontevedra, el secretario comarcal, Marcos Conde, recordó que las pensiones gallegas son las segundas más bajas del Estado ya que más de la mitad no llegan a los 677,70 euros.
Advirtió que la actual subida de las pensiones, en la realidad, no cambia sustancialmente la situación, dado que supone un promedio de un 2,6% de incremento, con lo que no se recupera todo el poder adquisitivo perdido por pensionistas desde el año 2013 en que la reforma del Partido Popular eliminó la revalorización de las pensiones con el IPC.
Según la CIG, la subida que recogen los presupuestos aprobados en julio supone un incremento de tan sólo 20 euros al mes.
Conde explicó que con el cambio de Gobierno en el Estado hubo "expectativas novas" que frenaron las movilizaciones previstas, pero pasado un tiempo "non miramos que houbera ningunha variación" por lo que en la CIG han decidido "seguir a loita".
Entre otras reivindicaciones la CIG reclamará en la calle la supresión del factor de sostenibilidad, la fijación por ley de la pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional (60% del salario medio) y la revalorización anual como mínimo con el IPC.
También demandan la jubilación común a los 65 años, y voluntaria a partir de tener cotizados 35 años, reales o por aplicación de los coeficientes redutores en determinadas profesiones.
Y también piden que se haga el cálculo de la base reguladora según las bases de cotización, actualizadas a la fecha de reporte de la pensión con el IPC de todo el tiempo transcurrido, de un período de 10 años elegido por la persona beneficiaria entre su carrera de cotización.
Igualmente quieren que se supriman las bonificaciones y reducciones de la cotización empresarial a la Seguridad Social en determinados tipos de contratos laborales, y que se eliminen los topes máximos de cotización a la Seguridad Social, manteniendo unos límites máximos para el importe de la pensión.
Finalmente, la CIG reclama el traspaso a la administración gallega de la competencia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social prevista en el Estatuto de Autonomía.