Nuevo enfrentamiento en Ponte Caldelas entre el grupo municipal del PP que conforma la oposición y el grupo de gobierno liderado por el socialista Andrés Díaz. En esta ocasión, el debate se centra en el contrato del agua para 2016.
El grupo de gobierno insiste en que su compromiso es rebajar el coste del agua potable a los vecinos que están conectados a la traída municipal y, en ese sentido, afirma que se están haciendo las gestiones que puedan modificar la ordenanza para el próximo año. La empresa concesionaria del servicio de lectura de los contadores finaliza el contrato el 31 de diciembre y el gobierno local señala que se ve obligado a sacar a concurso público este trabajo por el plazo de un año con un precio máximo, que espera poder mejorar, igual al que se estaba cobrando por parte de la empresa que desarrollaba estas labores.
El alcalde indica que se realizará el concurso con la máxima transparencia, a diferencia de lo que sucedía con el anterior gobierno popular, apunta Andrés Díaz. Y recuerda que "el expediente de contratación firmado con Aquagest por Perfecto Rodríguez sigue estando bajo estudio de la jueza De Lara, dentro de la Operación Pokemon".
Señala que los condicionantes legales derivados del presupuesto y de los ingresos impiden variar esta ordenanza hasta el próximo año.
CRÍTICAS DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP
Por otra parte, los populares inciden en que el programa electoral del PSOE prometía llevar el servicio de aguas con personal municipal y acusaban al anterior gobierno de privatizar esta actividad. Por ese motivo critican que ahora se vaya a seguir cobrando el agua atendiendo al consumo real de cada vivienda, con los mismos tramos y tasas anteriores, y que se recurra a una nueva concesión.
Añaden que las condiciones económicas del nuevo contrato son exactamente las mismas del actual de Viaqua, afirmando que todas las críticas realizadas por el alcalde actual a ese contrato son totalmente injustificadas.