La actual coyuntura económica ha obligado a "resetear" la tramitación administrativa del nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria. El incremento "desmesurado" del IPC y el aumento de los costes energéticos ha truncado los planes del gobierno municipal.
Así lo ha reconocido el concejal responsable de residuos, Raimundo González, que ha señalado que los servicios técnicos han tenido que revisar el estudio de viabilidad, el análisis económico y el anteproyecto de explotación, lo que obliga a devolver la licitación al punto de partida.
Este contrato, según los nuevos cálculos de los técnicos municipales, saldrá a licitación por un millón más al año de lo que estaba previsto. Es decir, frente a los 10,7 millones de euros anuales se irá a un precio inicial de 11.670.000 euros.
La mayor parte de este incremento viene motivado por el nuevo convenio colectivo del sector, que conllevará un aumento salarial del 6,5% en la nómina de los trabajadores. En el caso de la plantilla prevista en Pontevedra serían unos 700.000 euros más al año.
A ello hay que sumar el incremento de los costes energéticos, especialmente los carburantes, y los denominados bienes industriales, según ha especificado Raimundo González.
"O noso interese é que se presente o maior número de operadores posibles", ha señalado el responsable municipal de residuos, que ha reconocido que el precio inicial de licitación "podería retraer" esta competencia entre compañías del sector.
Pontevedra aprovechará además este "paso atrás" en la licitación para que adaptar mejor el contrato a la nueva ley 7/22 de residuos y suelos contaminados, que refuerza el carácter de estos desperdicios urbanos dentro del ciclo de la economía circular.
Lo que no cambiará "nin un ápice", según el edil del BNG, es todo lo relativo a las prestaciones del contrato, entre ellas las rutas y horarios previstos, el número de trabajadores, el sistema relativo al compostaje o el modelo de contenerización.
El Concello, que en los próximos días irá aprobando de nuevo todos los documentos incluidos en la licitación, deberá remitir el contrato otra vez a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que debe emitir un informe sobre su sostenibilidad financiera.
La previsión municipal es que el nuevo contrato pueda ser licitado en diciembre.