La Fiscalía de Pontevedra ha pedido el archivo provisional de una de las cuatro causas separadas de la operación Patos que han llegado a Pontevedra tras dividirse el macro procedimiento que investigaba el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo por una supuesta red de tráfico de influencias con varias empresas y administraciones públicas implicadas.
Ese sobreseimiento afecta a la pieza que investigaba las presuntas irregularidades en unas subvenciones recibidas por la empresa Ence y es ya el segundo procedimiento al que se ha dado carpetazo, después de que el Juzgado de Instrucción número 2 decidiese archivar provisionalmente la investigación relativa a los supuestos enchufes de Cespa en el Concello capitalino.
En el caso de la causa de Ence, el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, concluye que el hecho investigado "no integra los elementos del tipo de fraude de subvenciones" y pide al Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra en el que ha caído la causa que decrete su sobreseimiento provisional. Eso sí, establece un reproche moral a la forma de actuar de Ence y matiza que pide el archivo "con independencia de la valoración ética del hecho analizado".
La investigación se centra en un proyecto de realización de servicios externos a Ence realizado con cargo a una subvención de la Xunta de Galicia y contratado a la empresa Toysal (Toca y Salgado) por 12.270 euros. En sus conclusiones, el fiscal pide el archivo porque la cantidad facturada fue "claramente inferior" a la exigida por los tipos penales y "no consta que que no sea procedente en su totalidad", pues al menos un porcentaje importante estaría justificado por haberse realizado el trabajo facturado.
En su escrito de petición de archivo, el fiscal hace referencia al informe de la Policía Judicial realizado en esta causa, que señala que Ence solicitó otros presupuestos a mayores de Toysal para realizar el proyecto en cuestión, tal y como exigían las bases de la convocatoria de la subvención, pero es probable que los presupuestos presentados por esas otras empresas "fuesen de favor" y no tuviesen el propósito serio de pedir otras opciones como se exigía.
El escrito que está ya en manos del Juzgado de instrucción número 1 indica que Ence sí realizó el proyecto para el que solicitó la subvención y la empresa Toysal realizó los trabajos contratados, pero la duda surge en si esos trabajos pudieron haber sido realizados por otra empresa por un precio inferior, incurriendo, por lo tanto, en una irregularidad.
Aún admitiendo esa posibilidad, el fiscal recoge que el hecho podría ser cuestionable, pero no un delito, pues el Código Penal exige, para considerar la acción un fraude, que la subvención sea superior a 120.000 euros, 50.000 euros en el caso de subvenciones cuyo dinero proceda de la Unión Europea como en este caso.