El mundo judicial sale contra una ley que es "una regresión histórica de derechos"

Pontevedra
09 de noviembre 2012

Cerca de medio millar de personas vinculadas al mundo judicial en Pontevedra han salido a la calle, a las puertas de la Audiencia Provincial, para manifestar su "rechazo formal" a la nueva Ley de Tasas Judiciales que está en tramitación por vía urgente en el Congreso

Cerca de medio millar de personas vinculadas al mundo judicial en Pontevedra han salido a la calle, a las puertas de la Audiencia Provincial, para manifestar su "rechazo formal" a la nueva Ley de Tasas Judiciales que está en tramitación por vía urgente en el Congreso. 

"Gallardón, hay Constitución" y "Gallardón, dimisión" fueron las principales consignas que se corearon en la protesta. No en vano, los manifestantes responsabilizan de forma directa al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, de esta ley y centran su protesta en "pedir la retirada de la tramitación" de la nueva norma.

Los abogados estaban llamados a manifestarse ataviados con sus togas, pero apenas media decena respondieron a la convocatoria, el resto fueron vestidos de calle. En su protesta se vieron respaldados por funcionarios judiciales, fiscales, sindicatos y políticos del BNG y el PSdeG-PSOE. Resultó significativa la escasa presencia de jueces y magistrados. 

El decano del Colegio Provincial de Abogados, Ramón Jáudenes López de Castro, compareció ante los medios unos minutos antes de la protesta para explicar los motivos que llevan al colectivo a rechazar la nueva normativa. 

En su opinión, es "una verdadera regresión histórica de los derechos de los ciudadanos, treinta años, hasta 1986, cuando se suprimió la ley de tasas preconstitucional" y "la única virtud que tiene es que ha puesto de acuerdo a políticos, jueces y abogados". 

Jáudenes duda de la constitucionalidad de la nueva ley "por atentar contra los derechos de los ciudadanos" y señala que supone "un repago de un servicio que ya pagamos todos los españoles con nuestros impuestos" y de una ley "que premia al moroso y al deudor" y "perjudica a la clase media y los ciudadanos de menores ingresos".