El nuevo año judicial 2023-2024 abrirá este viernes 1 de septiembre con uno de los juicios más aguardados en la Audiencia Provincial de Pontevedra, el que sentará en el banquillo de los acusados a José Ramón Barral Martínez, popularmente conocido como Nené Barral.
Será la cuarta vez que se sentará en el banco de los acusados por esta causa en el último año. El juicio comenzó en septiembre de 2022 y se aplazó por cuestiones previas y se volvió a señalar en abril y junio de 2023, pero se volvió a suspender la petición de las partes.
En caso de que finalmente se celebre la vista oral, pondrá fin a la causa judicial pendiente de juicio más antigua de España.
El juicio comenzó el otoño pasado, pero se suspendió a la espera de resolverse las cuestiones previas presentadas por las defensas. Una vez que ha evaluado las peticiones, la Audiencia decidió anular todas las escuchas telefónicas que fundamentaban la acusación contra el ex alcalde de Ribadumia.
La anulación de estas grabaciones supone también que se deben desestimar todos los hallazgos y pruebas que se hayan obtenido contra los acusados a raíz de esas escuchas, de ahí que los intereses de los acusados hayan recibido una buena noticia.
El tribunal anula todas las escuchas que se realizaron desde el 11 de febrero de 1999, dejando sin contenido la acusación, pero la Fiscalía no ha desistido de su acusación y tiene intención de solicitar que esa anulación no sea completa, pues considera que se están anulando también escuchas realizadas en una comunicación abierta que no se rige por las mismas restricciones de autorizaciones judiciales de las conversaciones privadas.
Nené Barral está acusado como el líder de una organización criminal dedicada al tabaco de contrabando y se sentará en el banquillo junto a otras ocho personas. Aunque están acusadas doce, tres ya hayan fallecido antes de llegar a juicio.
Los hechos que llegarán a juicio motivaron el 14 de mayo de 2001 su dimisión como alcalde de Ribadumia. Ahora, se enfrenta a una petición de 10 años y medio de cárcel y el pago de 15 millones de euros de multa por los delitos de asociación ilícita, continuado de contrabando de tabaco y cohecho.