'El Pastelero' deja de ser uno de los capos más escurridizo: estrena condena por delito fiscal

Pontevedra
18 de marzo 2016

Óscar Rial Iglesias se sentó este viernes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra y reconoció ser el autor de un delito contra la Hacienda Pública que cometió en su declaración de la renta del año 2011, al defraudar 381.553,44 euros. Le imponen seis meses de prisión, que podrá sustituir por el pago de una multa de 5.400 euros

Óscar Manuel Rial Iglesias, conocido como 'El Pastelero', a su salida de los juzgados de A Parda
Óscar Manuel Rial Iglesias, conocido como 'El Pastelero', a su salida de los juzgados de A Parda / Mónica Patxot

Óscar Manuel Rial Iglesias, conocido como 'El Pastelero' y considerado por las fuerzas de seguridad como "uno de los mayores narcotraficantes actualmente en activo" de Galicia, ya tiene su primera condena judicial. Con su conformidad, ha sido condenado a seis meses de prisión como autor de un delito contra la Hacienda Pública por haber defraudado 381.553,44 euros en su declaración del ejercicio económico 2011. 

Desde hace años es uno de los capos de la droga más buscado por las Fuerzas de Seguridad, que en el año 2013 vieron cómo se sentaba en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por el alijo de 3,6 toneladas de cocaína del pesquero San Miguel del año 2008 y salía absuelto de todos los cargos. Este viernes, sin embargo, se sentó en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra, en el edificio judicial de A Parda, y salió ya condenado, con una sentencia que ya es firme. 

El juicio a Óscar Rial generó un gran interés mediático en los juzgados de A Parda. Él llegó dos horas antes de la hora fijada para la vista, en taxi y tapándose la cara en todo momento. Durante la vista, también intentó ocultarse. En el interior de la sala, todo se desarrolló sin apenas sorpresas. 'El Pastelero', conocido por ese nombre en referencia a su profesión legal, ya había alcanzado un acuerdo de conformidad alcanzado previamente con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en función del cual se le aplicaba la circunstancia atenuante de reparación del daño y se conformaba co nuna condena que implica seis meses de prisión y el pago de una multa de 248.009,73 euros, con 50 días de privación de libertad en caso de impago.

La pena de seis meses de prisión se sustituirá por el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 15 euros, lo que supone 5.400 euros y la única novedad de la vista oral fue que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido que el acusado también pague las costas del juicio, 23.500 euros, que él aceptó asumir. 

Además, en función de esta condena, que ya es firme, el procesado perderá la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por el periodo de dos años e indemnizará a la Agencia Tributaria con 381.553,44 euros por la cuota de la Seguridad Social que le defraudó y con otros 59.121,32 euros por los intereses.

Óscar Rial, que ya cuando fue juzgado y luego absuelto por el alijo del San Miguel estuvo considerado como responsable de un grupo organizado que movía anualmente 10 toneladas de cocaína desde Colombia y hachís desde Marruecos, no fue nunca condenado por su presunta vinculación con el narcotráfico. Esta es su primera condena y no tienen ninguna relación directa con aquella actividad, sino con su declaración de la renta del ejercicio económico 2011, pues declaró una base liquidable de 985,27 euros y una cuota de 0 euros, pero las comprobaciones realizadas permitieron averiguar que la base liquidable era de 872.985,27 euros y la cuota a pagar, que resultó defraudada, debería ser de 381.553,44 euros. 

Óscar Rial Iglesias, natural de Vilagarcía de Arousa de 43 años, será juzgado en esta ocasión por un delito por el que la Brigada de Blanqueo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional le había detenido en diciembre de 2014 junto a otras siete personas para las que se pide el archivo de la causa. En su caso, tras pasar poco más de un mes después en prisión provisional imputado por un delito de blanqueo de capitales y delito fiscal, salió tras pagar una fianza de 200.000 euros y, posteriormente, la causa se siguió tan sólo por delito fiscal, al no poder demostrarse el supuesto blanqueo de capitales ni la existencia de la red que habría blanqueado 1,1 millones de euros.