El Partido Popular de Pontevedra denuncia que el Concello continúa pagando 20.000 euros al año a la Comunidad de Montes de A Canicouva por el alquiler de la parcela en la que iba a instalarse una planta de compostaje que todavía no se ha construido. Aseguran los populares que el contrato expiró en el 2019, al pasar cuatro años sin ninguna actuación en la finca, y que el gobierno local ha seguido pagando la renta.
"A día de hoy no existe todavía ni proyecto, y desde el 2015 llevamos pagando veinte mil euros todos los años por unos terrenos que no se han utilizado", sostiene el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, que compareció ante los medios acompañado por el concelleiro Gerardo Pérez Puga.
Argumenta su denuncia Domínguez haciendo referencia al punto cinco del contrato de arrendamiento. "Se o centro municipal de tratamento de residuos e elaboración de compostaxe non se chegase a construír nun prazo de 4 anos desde a sinatura do contrato ou deixase de funcionar por periodo superior a un ano logo da súa posta en funcionamento, quedará automáticamente extinguido este contrato, recuperando o titular plena propiedad e posesión do predio, ou porción ao que atinxa o mesmo", cita el líder de la oposición.
Lo que no entienden los populares es que el alcalde haya firmado recientemente un nuevo pago de 20.000 euros a la comunidad de montes si el contrato está extinguido. "No estamos hablando solo de tirar el dinero de todos los pontevedreses a la basura año tras año, y ya van más de 100.000 euros de todos los pontevedreses. Estamos hablando que no existe justificación jurídica o documental para el pago, lo que supone que se ha desembolsado el dinero de los pontevedreses de una forma ilegal", sentencia Domínguez.
En el PP tienen la intención de solicitar una comisión de investigación sobre este asunto en el próximo pleno, pero ya ha avanzado Domínguez que "ante la negativa de Lores a que se investiguen los contratos y la negativa del PSOE a que se apruebe esta comisión, no nos van a dejar más remedio que poner estos datos en manos de la Justicia".
Al paso de esta acusación salió la concelleira responsable del departamento de Patrimonio, Carme da Silva, quien aseguró que existen "informes a favor" de que se haga el pago y que son los funcionarios los encargados de fiscalizar el gasto del Concello. En este sentido, hace referencia a un informe de Intervención en el que concluy que el expediente de pago del alquiler es "de conformidade".
Asegura además la concelleira nacionalista que el contrato sigue en vigor y que solo podría resolverse si hay "solicitude expresa por algunha das partes".
Después de aclarar la situación, da Silva aseguró que "o PP ten un grave problema en Pontevedra" por dar "información falsa aos medios" y "poñer en tela de xuizo aos funcionarios".