El grupo municipal socialista en el Concello de Pontevedra emitió un comunicado en el que recuerda que el plazo de tres meses del que la Consellería de Medio Ambiente dispone para informar sobre la solicitud de prórroga de la concesión de los terrenos de Ence está corriendo desde principios de enero. "Y la Xunta parece bien dispuesta a explorar la posibilidad de dar el visto bueno por la vía del silencio administrativo", entienden los socialistas pontevedreses, que instan al conselleiro, Agustín Hernández, a emitir cuanto antes informe ambiental negativo.
Las justificaciones del conselleiro resultan "inadmisibles" a juicio del grupo municipal socialista. "Si la Xunta considera que la solicitud de Ence no está suficientemente motivada, que falta documentación y que habría que aguardar hasta la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Costas, estamos hablando de razones más que suficientes para emitir el informe negativo", afirman.
Por otra parte, le recuerdan al conselleiro que la Ley indica que la Xunta debe informar únicamente "sobre los efectos que la ocupación tiene sobre el medio ambiente" y debe incluir "las condiciones que debe contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente". Es decir, el Gobierno gallego "debe pronunciarse claramente sobre el impacto ambiental de Ence en la ría en lugar de refugiarse en cuestiones administrativas".
"En realidad, hay un acuerdo absoluto para despejar la presencia de Ence en la ría durante otros 75 años"
"Lo que está sucediendo es la escenificación teatral de una supuesta discrepancia entre el Ministerio y la Consellería para dejar pasar el tiempo, cuando, en realidad, hay un acuerdo absoluto para despejar la presencia de Ence en la ría durante otros 75 años", apuntan.
Los socialistas recuerdan que la ley deja claro que, transcurrido el plazo de tres meses, el procedimiento continúa por silencio administrativo positivo. "Es más, si el informe se emite fuera del plazo legal de tres meses, el Estado podrá no tenerlo en cuenta".
El escrito termina señalando que "los hechos están demostrando que el eufemismo del informe 'determinante' de las comunidades autónomas durante la tramitación de las prórrogas son un simple factor de distracción urdido en esta regresiva y agresiva Ley de Costas".
"Si el Gobierno de España hubiese querido dar voz a las comunidades le habría dado rango legal de 'vinculante', lo que significaría la interrupción de los procedimientos hasta su recepción y la vinculación de la decisión final".