El cambio de modelo en la prestación del servicio de extinción de incendios y de salvamento será realidad a partir del 31 de mayo por decisión del Consorcio Provincial contra Incendios y de Salvamento, que integran la Deputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia.
Este martes 2 de febrero, el pleno extraordinario aprobaba por unanimidad la memoria que establecerá las bases para que se lleve a cabo este cambio cuando finalice la concesión actual.
De este modo, el 1 de junio este servicio pasará a ser de gestión pública de manera directa. Este cambio conlleva la subrogación del personal operativo que trabaja actualmente en los cuatro parques del consorcio en la provincia situados en O Morrazo, Ribadumia, Vilagarcía y O Porriño.
La sesión, presidida por Carmela Silva se celebraba de manera telemática con la participación del director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva; los representantes de la Deputación Provincial y las delegadas en Pontevedra y Vigo de la Xunta de Galicia.
Carmela Silva, presidenta provincial, agradecía el trabajo realizado para lograr en poco tiempo el cambio de modelo y también valoró el "buen tono" de todas las partes, tanto administraciones como representantes sindicales, para alcanzar un acuerdo para que el consorcio se encargue de gestionar de manera directa estos trabajos.
Santiago Villanueva también se expresó en la misma línea indicando que este cambio será beneficioso para toda la ciudadanía. Este sistema ofrecerá una prestación homogénea de los servicios de emergencias en toda la comunidad, de manera que sea igual para toda la ciudadanía con independencia del lugar de residencia, según exponen desde la Xunta de Galicia.
La comisión jurídico-técnica que ha elaborado esta memoria señala que esta gestión directa es la modalidad más sostenible y más eficiente para este servicio al abaratarse los costes del funcionamiento. Los cuadros de personal pasarán a formar parte del personal indefinido no fijo de manera temporal y las plazas deberán ofertarse para su cobertura definitiva.
Esta memoria se expondrá públicamente durante 30 días naturales para que se presenten alegaciones. Después será llevada al pleno del consorcio para que se apruebe de manera difinitiva. También, en esa misma sesión plenaria, se aprobará inicialmente la modificación del presupuesto necesaria para adaptar las partidas de 2021 a esta nueva gestión directa.