El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha llevado este martes sus protestas a los juzgados de A Parda para visibilizar una de las demandas laborales que mantienen desde hace meses: el impago de los complementos salariales de los policías de las unidades de vigilancia en edificios judiciales (UVEX), que llevan desde enero sin percibir una media de entre 400 y 500 euros mensuales.
Desde el año 2006 hay en vigor un convenio de colaboración y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia por el que se estable y regula la participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en las misiones de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Administración de Justicia en Galicia.
En Pontevedra, cinco policías se encargan de la seguridad en el edificio judicial de A Parda y también hay tres en Vilagarcía de Arousa y seis Vigo. En el resto de localidades y la Audiencia Provincial la tarea corresponden a los guardias civiles.
El SUP eligió el edificio judicial de A Parda para hacer visibles sus protestas con una concentración de una decena de personas. La portavoz provincial del SUP en Ponteveda, Sandra Fernández, recordó que ya han enviado varios escritos a distintas administraciones y, dado que "ninguén nos dá resposta de como está a situación", decidieron convocar esta concentración.
Los agentes que trabajan en ese destino cobran complementos salariales por prestar un servicio extraordinario y por trabajar los fines de semana y estar localizables. En total son sobre 400 o 500 euros y ya ha pasado en otras ocasiones que se registran retrasos en los pagos, pero hasta ahora nunca habían tenido un impago tan prolongado en el tiempo.
"É un diñeiro que é deles e sabemos que a Xunta abonou ese diñeiro ni mes de marzo, que deu ese diñeiro ao Tesouro do Estado, pero eles de momento non percibiron esa cantidad", explica Sandra Fernández.
El sindicato solicita mayor implicación del Ministerio del Interior en la resolución de esta problemática y no descarta ejercer acciones judiciales por el incumplimiento del convenio, que está perjudicando económica y laboralmente a los agentes y, además, "compromete seriamente" la seguridad en los edificios judiciales. En todo Galicia hay unos 40 policías en esta situación.
Según explicó Sandra Fernández, además de demandar el pago de los complementos adeudados, también quieren denunciar la falta de personal para este servicio, pues en el caso de Pontevedra debería haber 10 agentes y tan sólo hay cinco. Además, está previsto que en agosto se jubile uno de ellos y en octubre otro, de modo que tan sólo quedarán tres, un número claramente insuficiente.