El Tribunal de Cuentas ha dado carpetazo definitivo a la denuncia iniciada por el Partido Popular de Pontevedra en relación con el contrato entre el Concello de Pontevedra y la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de A Canicouva por el alquiler de los terrenos para la planta de compostaje de esta parroquia.
El PP ya había denunciado el pago del alquiler a los vecinos de A Canicouva ante Fiscalía de Pontevedra, que archivó la investigación. A continuación, recurrió al Tribunal de Cuentas alegando malgasto del Concello de Pontevedra por pagar 20.000 euros anuales a la comunidad de montes de un contrato que consideraban "extinguido".
La teniente de alcalde de Pontevedra, Eva Vilaverde, dio a conocer la resolución este jueves, tras la reunión de la Xunta de Goberno, y concluyó que, con este auto, "queda pechado definitivamente" este procedemento y el intento del Partido Popular de la "xudicialización da planta da Canicouva".
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas ya emitió un dictamen en octubre rechazando la denuncia porque consideraba que "no existe ninguna responsabilidad contable" en el contrato ni en el pago que denuncia al PP, el relativo al año 2020. Así, concluía que ese pago "está justificado, en cuanto es un pago debido por causa de la vigencia del contrato que nos ocupa".
Además, la instructora recordaba que existe una sentencia de mayo de 2023 que condena al Concello al abono del canon del año siguiente, 2021.
Ahora, el Tribunal acaba de emitir un auto en el que, siguiendo lo ya dicho por la instructora, concluye "no haber lugar a la continuación del procedimiento".
Así, concluye que, tal y como también sostiene la Fiscalía, "no cabe apreciar que los hechos investigados hayan dado lugar a ningún supuesto de responsabilidad contable". De esta forma, no ha lugar a la incoación del juicio.