El proceso de expropiaciones realizado en el entorno del estadio de fútbol de Pasarón para poder realizar las obras de reforma está más próximo a su cierre definitivo. Dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recién notificadas han confirmado la valoración que el Jurado de Expropiaciones había realizado de tres propiedades cuyos dueños llegaron a juicio y cuyo importe ya había pagado el Concello de Pontevedra.
El portavoz del gobierno local, Raimundo González, dio a conocer las sentencias este martes. Afectan a una vecina que tenía un piso y un tercio de otro entre los expropiados para Pasarón y al propietario de otro piso. En ambos casos, los dueños recurrieron ante el TSXG porque no estaban de acuerdo con el dinero con el que valoró el Juzgado de Expropiaciones sus inmuebles.
Ahora, el tribunal confirma los precios y una de las afectadas ya ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En su caso, el jurado fijó el valor de las propiedades expropiadas en 285.000 euros y esa fue la cantidad que le abonó el Concello, pero ella reclamaba 485.000. El otro afectado pedia 357.000 euros y el precio fijado quedó en 159.000.
Raimundo González aportó esta información tras una Xunta de Goberno de Pontevedra en la que se abordaron otros dos asuntos municipales relacionados con procesos expropiatorios. Uno de ellos es que el Concello ya ha cerrado la negociación con los dueños de una finca de 360 metros cuadrados en Lérez para adquirirla por 15.000 euros y aprovechar ese terreno para ampliar el camino de acceso al lugar de Ramallás desde la zonde O Castelo.
Otro proceso pendiente se sitúa en la avenida Fernández Ladreda. Se trata de una finca de 365 metros cuadrados situada entre Fernández Ladreda y Alcalde Hevia, al margen del río Gafos, por la que están negociando una expropiación a petición de sus propietarios. El acuerdo no parece muy cercano, pues el Concello valora el terreno en 155.998 euros y los dueños reclaman 365.562 euros.
SEMÁFORO VERMELLO
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ha dado la razón al Concello de Pontevedra en una sanción impuesta por la Policía Local a un conductor que en el año 2016 pasó un semáforo en rojo en la avenida Fernández Ladreda.
Los agentes municipales le multaron con una sanción económica de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir, pero el conductor no esta de acuerdo y llevó el tema al juzgado alegando que era imposible que el agente le viese que no se detenía ante un semáforo en rojo y que en ese semáforo no se ve la luz roja hasta que el coche está a 10 metros y no da tiempo a reaccionar y frenar. El juzgado confirmó la sanción.