Europa da un ultimatum de dos meses a España por la prórroga ilegal de la concesión de la AP-9

Pontevedra
17 de julio 2025
Actualizada: 14:53

Insta al Ejecutivo a "respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas" y abre la puerta a un procedimiento judicial si el Ejecutivo no adopta las "medidas necesarias"

Cabinas de peaje de la autopista AP-9 con la señalización de Sanxenxo
Cabinas de peaje de la autopista AP-9 con la señalización de Sanxenxo / Mónica Patxot

La Comisión Europea declara que el gobierno de España ha incumplido la normativa comunitaria al prorrogar a Audasa la concesión de la AP-9 sin sacarla a licitación pública, así como también la AP-66.

El gobierno acaba de recibir comunicación oficial de un dictamen motivado, emitido este 17 de julio de 2025, que establece que España ha vulnerado el Derecho de la Unión en cuanto a contratación pública y concesión de autopistas. 

Insta al Ejecutivo a "respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas".

De esta forma, abre la puerta a un procedimiento judicial si el Ejecutivo no adopta las "medidas necesarias" para subsanar la situación en un plazo de dos meses.

Este dictamen de Europa es respuesta a una denuncia presentada en 2019 por la asociación de consumidores En Colectivo y a un procedimiento de infracción abierto entonces por la Comisión.

La prórroga de la concesión de la autopista de peaje AP-9 hasta 2048 y el aumento de plazo en la AP-66 fueron aprobadas en el año 2000 por el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar. En base a estos antecedentes, fuentes del Ministerio de Transportes indican que  "si estamos en esta situación, por tanto, es responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular".

El ministerio insiste en que las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno "van en la dirección contraria" y asegura que ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea "por responsabilidad y para velar por el interés común".

Desde el ministerio aclaran que la comunicación oficial recibida por el gobierno "no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas", puesto que ahora nuevamente España tiene la oportunidad de responder al mismo.

Así, avanzan que analizarán la resolución y agotarán las opciones de respuesta, además de la posibilidad, "llegado el caso", de interponer los correspondientes recursos.

El gobierno actual ha apostado por una política de bonificación de peajes de esa autopista y actualmente hay un descuento del 100% del peaje de retorno para vehículos ligeros que realizan sus trayectos de ida y vuelta en 24 horas.

Con las políticas de bonificaciones estatales, según los datos de Transportes, desde 2018 y hasta final junio de este año, los usuarios se han ahorrado más de 375 millones de euros al circular por la AP-9, y más de 58,5 millones al circular por la AP-66, en bonificaciones directas o limitando la subida de los peajes.

"HERENCIA ENVENENADA"

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, considera que este se trata de "una herencia envenenada más de las que deja el Partido Popular cuando llega al poder" y "una de esas maniobras típicas del Partido Popular, siempre del lado del poder del dinero", una prórroga para revalorizar la autopista de cara a la privatización posterior.

Los gallegos y gallegas, según Losada, "tendríamos que tener una autopista libre de peaje ya a día de hoy" y "fuimos condenados por el Partido Popular y Aznar" a continuar pagando hasta 2048. 

Para el subdelegado, lo "relevante" hoy, en 2025, es que ese mismo Partido Popular está protagonizando una "enorme maniobra de distracción", tratando de poner el foco en que lo importante es la transferencia a Galicia de la autopista "cuando esa cuestión no está entre las preocupaciones de los gallegos, que a día de hoy, y de no ser por Aznar, llevarían ya un par de años disfrutando de una autopista completamente gratuita".

REACCIONES

Tras conocerse el dictamen, la portavoz nacional, Ana Pontón, ha valorado "muy positivamente" la decisión de la Comisión Europea  y demanda al Estado español que "acate" el dictamen del ejecutivo comunitario porque "supone una oportunidad para rescatar la autopista".

Abre la posibilidad, según Pontón, de "tener, de una vez por todas, una AP9 gallega y libre de la estafa de los peajes en lugar de seguir pagando hasta 2048".

Según Pontón, la ampliación de 25 años aprobada por el PP, que Bruselas ve contraria a la normativa comunitaria, "condena a los gallegos y a las gallegas a seguir pagando peajes hasta 2048, mientras que la mayoría de las autopistas coetáneas a la AP9 son gratuitas". 

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