Los ex presidentes de la Cámara de Comercio de Pontevedra Ricardo Mirón y Francisco Moldes han prestado declaración este lunes en calidad de imputados en el Juzgado para explicar la gestión que se realizaba de los eventos organizados por el ente durante las etapas en las que ambos estuvieron al frente. Según ha trascendido, ambos señalaron que desconocían las presuntas irregularidades que ve el fiscal.
A lo largo de la mañana también fueron llamadas a declarar el contable de la Cámara, Manuel de Vicente, y la hermana de la secretaria cameral, Isabel Lorenzo. Todos están imputados por varios delitos, entre ellos los de fraude de subvenciones y falsedad documental por las facturas emitidas y la forma en que se contrató a una empresa externa la gestión de eventos como Ferpalia, Pomóvil o Pontus Veteris.
Al término de su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra, Ricardo Mirón indicó, en declaraciones a PontevedraViva, que afrontó "tranquilo" el trámite, pues "realmente no hubo nada". Según aclaró, el fiscal Jesús Calles quiso saber detalles sobre los eventos en general que organizaba la Cámara, sin detenerse en ninguno en particular.
Esta toma de declaraciones se enmarca en una de las tres investigaciones abiertas por la Fiscalía de Pontevedra sobre la Cámara de Comercio de Pontevedra. En esta ocasion, la abrió Delitos Económicos a raíz de la denuncia por presuntas irregularidades realizada por ex empleados de la Cámara de Comercio. Además de estas cuatro personas, hay imputadas al menos nueve más, entre ellos ocho integrantes del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio entre 2009 y 2012 y la secretaria general, Rosario Lorenzo.
La investigación la lleva uno de los dos fiscales de delitos económicos, Jesús Calles, que está tratando de averiguar cómo operaba la Cámara a la hora de contratar las ferias, que se pagaban con fondos públicos de instituciones como el Concello de Pontevedra y dio lugar a facturas corregidas en varias ocasiones. Esas presuntas irregularidades que investiga el Ministerio Público las detectó también el Consello de Contas en un informe demoledor sobre la gestión económica de la entidad.