Trabajadores del centro penitenciario de A Lama, convocados por los sindicatos CSIF, ACAIP-UGT y CIG, se concentraron este martes, 3 de junio, delante de la Subdelegación del Goberno en Pontevedra.
Lo han hecho para reclamar medidas urgentes que garanticen la seguridad del personal en esta prisión, tras la grave agresión sufrida por un funcionario el miércoles 28 de mayo.
Según explicó Juan da Cruz, delegado sindical de CSIF, el incidente se produjo en el módulo 1 del centro penitenciario cuando un interno atacó con un pincho carcelario a un funcionario. "Fue un intento de homicidio en toda regla", afirmó el representante sindical.
"Este interno tomó la justicia por su mano e intentó agredir fuertemente, lanzando unas puñaladas a un compañero y amenazando a una compañera diciéndole que si no se apartaba del medio también la iba a apuñalar", indican los sindicatos.
El funcionario consiguió esquivar las cuchilladas, pero sufrió un golpe que le provocó lesiones internas en un oído.
El delegado sindical destacó que los trabajadores penitenciarios están completamente desprotegidos ante estas situaciones: "No disponemos nada más que de nuestro cuerpo físico. Saltamos a un patio con 100 o 200 internos y estamos nosotros solos, simplemente con una camisa, un pantalón y unas zapatillas".
Por su parte, Alberto Fernández, delegado sindical de ACAIP, hizo hincapié en la necesidad de actualizar los protocolos y las normas: "Vivimos en un marco normativo que está muy lejos de la realidad actual. Vamos ya reiteradamente solicitando a la Secretaría Xeral de Prisións que actualice el marco normativo y que nos reconozca como agentes de la autoridad".
Fernández subrayó que el problema no afecta solo al centro de A Lama: "En los últimos dos años hubo mil incidentes con agresiones a funcionarios en toda España, veinte de ellos solo en A Lama".
El sindicalista advirtió que el centro pontevedrés, por ser de máxima seguridad, "tiene internos bastante conflictivos", e insistió en que "necesitamos nuevos medios".
Ambos representantes sindicales coincidieron en señalar que la legislación penitenciaria está obsoleta: "Tenemos una ley penitenciaria del año 79 y un reglamento del 76, con parte del reglamento del 81 en vigor, y la sociedad en estos años avanzó enormemente", explicó Fernández.
Entre las principales reivindicaciones, los sindicatos exigen el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo y una revisión de los criterios de clasificación de los internos.
"Desde la Secretaría Xeral descartan el primer grado, que es la clasificación más extrema para los internos que no se adaptan al régimen normal, y lo que hacen es introducirlos y mezclarlos con internos de segundo grado", denunció Da Cruz.
Además, los representantes sindicales alertan de que en la actualidad el centro penitenciario de A Lama cuenta con alrededor de 40 vacantes solo en el área de vigilancia, lo que, sumado a la elevada media de edad del personal, dificulta aún más la tarea de control y seguridad frente a internos, en muchos casos, "chicos jóvenes que hacen gimnasio y tenemos que estar muy preparados".
La concentración de este martes busca visibilizar la creciente escalada de violencia que sufren los funcionarios de prisiones, especialmente en A Lama, que se ha convertido en la cárcel gallega con mayor número de agresiones registradas desde 2020, acumulando 37 ataques oficiales, 32 de ellos en los últimos tres años.
Los representantes sindicales mantuvieron después de la protesta un encuentro con el subdelegado do Goberno, Abel Losada, para transmitir sus demandas para un centro penitenciario que cuenta con un número superior a mil internos.