La condena de Juan Paulo Giménez, del clan de los Morones, por entrar a tiros en una pedida de mano celebrada en mayo de 2019 en O Porriño ha llegado a la Audiencia Provincial de Pontevedra. Los abogados de la familia han elaborado un recurso de cerca de 300 páginas contra la sentencia del Penal 3 de Pontevedra que le impone seis años y medio de prisión y sostienen su petición de que salga absuelto en el primer caso en el que España acabó condenada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La familia Morón ha confiado la defensa de Juan Paulo a Jose Luis Fuertes Suárez, antiguo abogado del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y también al actual letrado de la Sociedad Gitana Española, Miguel Heinrichs. Ambos comparecieron este martes ante los medios de comunicación delante de la Audiencia Provincial justo antes de presentar el recurso.
El abogado José Luis Fuertes asegura que se trata de un recurso de apelación "muy fundado" apoyado no solo en los razonamientos clásicos de estos recursos sino, sobre todo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por una vulneración de los derechos fundamentales.
"En este caso, hubo un juicio absolutamente precipitado donde no hubo tiempo para defensa, no hubo tiempo para preparar pruebas de defensa y realmente no se pudo defender el acusado debidamente en absoluto", resumió Fuertes, que puso el foco sobre los paralelismos entre la causa de Juan Paulo Giménez y la primera en la que España fue condenada en Estrasburgo.
Se trata de una condena a España por el asunto de 1981 Barberá, Messegué y Jabardo, "unas personas a las que se les acusaba de un acto terrorista que luego resultó que no había pruebas en absoluto y fueron puestos en libertad por el Gobierno".
Como en aquel caso, en este el abogado sostiene que "hubo un cierto prejuicio o animadversión en relación con determinadas personas en favor de otros" y asegura que aunque "no sabemos si ha influido la etnia o no, desgraciadamente es posible que sí porque estas cosas a día de hoy siguen ocurriendo".
Según sostiene, en este caso fue condenado ya antes del juicio por la prensa y luego circunstancias que "determinan una aparición de falta de imparcialidad del juez que juzga". De esta forma, creen que se vulneró el derecho a un juicio con todas las garantías reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución.
Para estos letrados, "no había pruebas, no se ha podido preparar y simplemente no se ha podido defender" de modo que "no se le podría condenar". "Ha habido unas dudas más que razonables, no se han cumplido las garantías de la justicia moderna , por lo tanto, va a ser absoluto", añaden los abogados.
Según anunciaron estos abogados, está en trámites ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia una querella presentada contra la jueza de Porriño que instruyó esta causa, se está estudiando si ampliarla también hacia la fiscal y un despacho de abogados de Barcelona tiene en estudio otra posible demanda contra la jueza que juzgó y condeno el asunto. En todo caso, son demandas ajenas al recurso que se presentó este martes.