La nueva Ley de Memoria Democrática, que se basa en la idea de que el Estado asuma la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y el impulso de las exhumaciones de personas asesinadas por la represión franquista, era analizada este viernes en las jornadas 'Galiza ten memoria', que organiza el Departamento de Memoria Histórica de la Deputación de Pontevedra.
La conclusión a la que llegaron juristas especializados en el área de Memoria Histórica es que esta nueva ley no garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo y, durante la sesión, se señalaba que es "simbólica", "cosmética" o "edulcorada" al entender que seguirán inadmitiéndose a trámite las denuncias que se presenten.
María Ortega, diputada de Memoria, explicaba en este cita que la jornada pretendía analizar la reciente aprobación de la nueva ley, ya en vigor desde el 20 de octubre, con la intención de que las víctimas y sus familias conozcan las opciones legales que existen para obtener la reparación judicial que le garantice la legalidad internacional de la mano de personas expertas en la materia.
Jacinto Lara Bonilla e Paloma García Varela, integrantes del equipo jurídico de CeaQUA, la abogada María Del Pilar Moledo, en representación del Colegio de Abogacía de Pontevedra y el querellante Miguel Ángel Gómez ‘Gus’, además de representantes de colectivos de la provincia y familiares de figuras destacadas para la Memoria en Galicia, trataron la nueva ley con detalle durante la sesión.
Las personas expertas entienden que aquella parte de la población que sufrió violaciones de los derechos humanos durante la dictadura franquista, la transición o en otros tiempos carecen de opciones para que sus denuncias prosperen porque, señalan, no se toca la Ley de Amnistía, argumento que esgrimen los tribunales españoles para impedir la investigación y el ensalzamiento de los crímenes franquistas, según indican desde el departamento de la Deputación de Pontevedra.
Jacinto Lara expuso que es necesario que las personas directamente afectadas y la sociedad continúen demandando justicia "en mayúsculas" ya que considera que esta ley no permitirá obtener resoluciones judiciales favorables a las víctimas.