La APDR denuncia en el juzgado de guardia al presidente de ENCE

Pontevedra
04 de marzo 2021

La Asociación Pola Defensa da Ría ha presentado denuncia en el Juzgado de Instrucción de Guardia contra el presidente de ENCE, Ignacio de Colmenares y Brunet, por las recientes declaraciones sobre la situación de peligrosidad de las instalaciones de la fábrica de Lourizán

Ignacio de Colmenares y Brunet, presidente de ENCE
Ignacio de Colmenares y Brunet, presidente de ENCE / Rigurosafotos

La Asociación Pola Defensa da Ría ha presentado denuncia en el Juzgado de Instrucción de Guardia contra el presidente de ENCE, Ignacio de Colmenares y Brunet, por las recientes declaraciones sobre la situación de peligrosidad de las instalaciones de la fábrica de Lourizán. 

La denuncia fue presentada este miércoles día 3 de marzo y, según informa al presidente de la APDR, Antón Masa, se centra en dos cuestiones fundamentales "dunha banda polo feito de teren tentado chantaxear repetidamente a un alto cargo do Goberno", y de otra, "polo feito de que coñecendo que a situación actual da fábrica pode derivar nun episodio ambiental de gravidade, con afectación ás persoas, se non se realizan inversións na mesma, decide non investir e permitir que a fábrica continúe traballando nese estado, poñendo en risco o medio ambiente e as vidas dos traballadores e a poboación da contorna".

A la APDR le parece de "suma gravedad" que Ignacio de Colmenares acuda hasta siete veces a reunirse con el Secretario del Estado para que modifiquen un texto legal que "estuvo en exposición pública y ENCE pudo alegar lo que considerara oportuno". 

Según Antón Masa "pretender cambiar un texto legal mediante a presión aos órganos do Goberno, non é admisible nun Estado democrático, e mesmo poida que se trate dun feito delituoso".

La Asociación pola Defensa da Ría le da credibilidad a lo manifestado por Colmenares cuando dice que la caldera de recuperación de ENCE no cumple con los mínimos exigibles de seguridad para el medio ambiente y para las personas; en este sentido, pregunta el colectivo ecologista: "¿qué validez pueden tener las certificaciones medioambientales publicadas por la fábrica de pasta de papel?".

"En esta situación solo cabe actuar para evitar que ese riesgo grave existente llegue a provocar ese “susto mayúsculo” del que habla el señor presidente y que incluso puede afectar a las personas", justifica el colectivo ecologista. 

Para Antón Masa, "decidir non facelo se non se garante a permanencia da empresa en Lourizán máis alá do 2033 é optar, de forma deliberada e consciente, por atentar contra o medio ambiente e a integridade física das persoas, un feito que cualificamos de extrema gravidade e que pode ter implicacións penais".

A la vista de estos hechos, desde la APDR solicitan la incoación de las diligencias previas para investigar y depurar las responsabilidades penales que se puedan derivar de los hechos denunciados y que se cite a Ignacio de Colmenares para prestar declaración como imputado.