La Cámara Oficial de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía ha despedido a la exsecretaria general de la extinta cámara pontevedresa y hasta hace unos días responsable local de la nueva entidad, Charo Lorenzo. No lo ha hecho en cumplimiento de la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal número 3 de la capital por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho, pero sí como consecuencia de la misma, pues se ha producido una "quiebra de la confianza".
El gerente de la nueva Cámara, José Manuel García, ha confirmado a PontevedraViva que se trata de una decisión adoptada por el comité ejecutivo de la entidad cameral que en los últimos días se le ha comunicado a Charo Lorenzo. Siempre hay posibilidad de que la afectada presente algún recurso, pero en estos momentos se trata de un cese en firme de la relación laboral.
Charo Lorenzo reconoció en el Juzgado de lo Penal que cometió los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho durante su etapa al frente del ente cameral capitalino antes de la fusión con Vigo y Vilagarcía y se conformó con una condena con la que se libra de entrar en prisión por estos delitos, pero no de pagar una multa conjunta de 1.620 euros y de tener que alejarse de cualquier puesto de responsabilidad en la entidad durante los próximos dos años.
La sentencia le impone seis meses de suspensión del cargo de secretaria general de la Cámara y el pago de una multa de tres meses a seis euros diarios -540 euros- por las negociaciones prohibidas y a un año de prisión, seis meses de multa a seis euros -1080 euros y un año y seis meses de inhabilitación para cargo público por el delito de cohecho. Esa suspensión e inhabilitación impide que sea secretaria de la Cámara o asuma funciones de esta naturaleza, pero no obligaba al despido, sino que podía seguir ejerciendo otras funciones en la entidad. Pese a todo, fue despedida.
Según explicó el gerente de la Cámara, el comité ejecutivo tuvo en cuenta que Lorenzo cometió esos delitos como responsable de la entidad y, por lo tanto, ya no confían en ella. Ante esa "quiebra de la confianza", se decidió despedirla, pero no para ejecutar la sentencia, sino para el normal funcionamiento de la organización.