La presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el vicepresidente César Mosquera, han mantenido este martes un encuentro de trabajo en el salón de plenos del Pazo Provincial con los 22 concellos interesados en la puesta en marcha del cuerpo provincial de inspección de residuos del Plan Revitaliza para concretar fórmulas de colaboración, las competencias, implicaciones y necesidades.
César Mosquera ha advertido que con la nueva normativa "abandónase definitivamente o 'buenismo' e supérase a fase de voluntariedade para pasar á fase de obrigatoriedade", o dicho de otro modo, "sensibilización si, pero cuns obxectivos numéricos, cuantitativos, claros, ben definidos e de obrigado cumprimento".
La Deputación quere dar una respuesta coordinada ante el nuevo marco legislativo sobre residuos que supone, en palabras de Mosquera, "unha auténtica revolución" que impone a los ayuntamientos "exigencias radicais" bajo amenaza de sanción. Esto obliga a tener un servicio municipal de control ademáis de otros requerimientos de los que hasta ahora los gobiernos locales tampoco se tenían que hacer cargo.
Dado que las labores de control sobre los residuos municipales solo pueden desarrollarse por parte de personas funcionarias de carrera o por agentes de la Policía Local, son muchos los ayuntamientos que detectaron posibles problemas para afrontar las nuevas exigencias.
La Deputación de Pontevedra "tende a man" a los concellos de la provincia para que a través del Revitaliza vayan "polo camiño que marca a lei". Así, habrá nuevas líneas de ayudas, se dará asesoramiento, y se creará este cuerpo de control e inspección.
Carmela Silva ha destacado que con esta reunión "adiantámonos á repercusión que poida ter a nova lexislación no mundo local", de modo que la Deputación de Pontevedra va a poner a disposición de los 22 concellos (con 234.896 habitantes) "non só un instrumento de apoio, senón tamén poder aproveitar todo o positivo desta transformación que se vai a dar na xestión de residuos". Pontevedra e Vigo dispondrán de medios propios para esa tarea.
Según ha añadido César Mosquera, "hoxe tendemos a man aos concellos que poidan ter problemas para levalo a cabo" a través de una fórmula de encomienda de gestión mediante convenio bilateral y bajo mayoría absoluta del pleno. La Deputación aportará más del 50% del coste del servicio.
Están adheridos a la propuesta de participar en el nuevo cuerpo de inspección de la Deputación los concellos de A Lama, Barro, Poio, Meaño, Meis, Vilagarcía, Bueu, Cangas, Moaña, Valga, Baiona, Gondomar, Mondariz Balneario, Ponteareas, Salvaterra, O Rosal, Tomiño, Redondela, Pazos de Borbén, Soutomaior, Salceda e Silleda.
La propuesta del gobierno provincial consiste en que la Deputación creará un cuerpo de inspección que dará servicio a los concellos que estén interesados y hagan el encargo de gestión. Será un sistema parecido al que en estos momentos los concellos hacen con la recaudación municipal, que derivan al ORAL.
Además la Deputación oferta a los concellos líneas de ayudas para la elaboración de nuevas normativas de residuos y también se ofrece a transmitir la información local sobre los residuos de cada concello a la Xunta.
Los plazos para cumplir con los objetivos de reciclaje están vencidos ya, puesto que en junio de 2020 era obligado haber preparado para reciclar el 50% de los residuos, en 2025 se exigirá reciclar el 55%, el 60% en 2030, y el 65% en 2035. Los resultados actuales distan mucho en la realidad, ya que la provincia apenas llega al 15%, Galicia está entre el 12 y el 13%, y el Estado alcanza el 15-16%.