La fiscal Marta Durántez ha mantenido su petición de penas contra los dos guardias civiles de la Comandancia de Pontevedra acusados de difundir información clasificada y secreta a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Estos dos agentes se enfrentan a una petición de pena de 11 años y medio de prisión cada uno.
En el juicio, que se ha retomado este miércoles en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la representante del Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones respecto a los guardias civiles pero ha introducido una modificación en cuanto a su petición de pena para Juan Carlos S.N. un vecino de Vilanova acusado de ser el supuesto enlace entre los agentes y los grupos delictivos que recibían la información.
La fiscal rebaja la petición inicial de 7 años de condena para este procesado a 4 años y medio.
En sus conclusiones, la Fiscalía considera probado que los dos agentes Javier L. P. y Diego F. C., filtraban información de investigaciones judiciales en curso y declaradas secretas. Como consecuencia de la labor de estos "topos" se vieron afectadas cinco investigaciones. Uno de estos soplos frustró una operación que trataba de desmantelar una organización que tramaba el envío de unos mil kilos de cocaína a través de puertos españoles. Al igual que ocurrió con otra investigación sobre un narcotráficante arousano.
Durante el juicio algunos mandos de la Guardia Civil declararon que los acusados llegaron a difundir datos personales de los propios miembros del ECO Galicia comprometiendo su seguridad.
En su escrito de acusación la fiscal relata que en los ordenadores de los acusados se localizaron 500 archivos y 2.000 documentos con información de investigaciones del ECO Galicia.