El arquitecto asesor del BNG en la Deputación, Jesús Fole, ha sido el primero en presentar una alegación al mandato plenario que obliga al gobierno local a que los lombos que se instalen en el futuro cumplan con la normativa del ministerio de Fomento. Luís Bará, concejal de Obras, ha mostrado su satisfacción con este informe de 22 folios porque expone que la aplicación literal de la ordenanza de Fomento tendría consecuencias graves y supondría un desastre económico y administrativo.
Según el informe de Fole, el traslado de los criterios técnicos de construcción de pasos de peatones de las carreteras a las vías urbanas obligaría a que no se podrían instalar badenes entre 50 y 200 metros, mientras que en Pontevedra hay calles donde se instalaron varios reductores en un espacio menor.
Además la normativa de Fomento evitaría la instalación en aquellas vías que no se consideren urbanas, por lo que el rural quedaría excluido al igual que las calles con longitud inferior a 200 metros o en tramos con pendientes superiores al 5% o con doble carril de circulación, además de que también quedarían prohibidos en calles con tráfico de más de 5.000 vehículos diarios. Según Bará, en Pontevedra más de 20 calles tienen esta última característica y tendrían que eliminarse estos pasos de peatones elevados salvo justificación técnica.
Fomento establece que los pasos de peatones tienen que ser de entre 9 y 11 centímetros. Eso obligaría a cambiar las aceras para ajustar. Según el informe también se registrarían problemas en los autobuses de plataforma baja. Por otra parte, Bará indicó que las rampas de Fomento cuentan con una pendiente del 10%, menos suaves que las que se instalan en Pontevedra que varían entre el 6 y el 8%.
El informe también considera "deficiente" la tramitación realizada por vía de urgencia y con informes contrarios del ingeniero jefe y de la Policía Local. Tampoco incluye, según Fole, un estudio económico de lo que supondría eliminar o modificar los "lombos", tal y como establece la ordenanza de Fomento que aplica un efecto retroactivo. La modificación o eliminación ascendería a un coste de entre 1.200.000 y 2.100.000 euros, según los cálculos del arquitecto que efectúa la alegación.
Ante esta situación, Jesús Fole solicita la anulación de la aprobación de esta modificación de la ordenanza promovida por los grupos de la oposición y, como alternativa, plantea la adaptación a las normas establecidas por la Deputación de Pontevedra en lugar de las de Fomento.
El técnico asesor en la Deputación señala que los reductores deben de adaptarse a las aceras y no al revés. Además apunta que existe un informe del ingeniero en donde se explica por qué se hacen así los cambios de los lombos en Pontevedra y por qué los criterios son el de accesibilidad y el del calmado de tráfico reduciendo la velocidad. Fole apunta, además, que esta fórmula ha convertido a la ciudad en un referente internacional.
El plazo para presentar alegaciones a este mandato aprobado en el pleno concluye a finales de abril.