La Audiencia Nacional juzgará a partir de este jueves 21 de septiembre un supuesto delito de blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico destapado hace más de una década en la denominada 'Operación Repesca', que puso al descubierto el patrimonio sospechoso de tres generaciones distintas del clan familiar de Los Charlines.
La operación comenzó en 2008, en un momento en el que se creía que el clan estaba arruinado tras la reciente sentencia de 2007 en la que el Tribunal Supremo condenaba a 13 años de prisión a Manuel Charlín Gama, el patriarca, por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
En 2008, con Manuel Charlín en prisión, la Justicia sacó a subasta la depuradora de Sochar, en A Illa de Arousa, propiedad de la familia para pagar la deuda que tenían conn las 70 trabajadoras de la conservera Charpo. Las alarmas de los investigadores sonaron cuando pujó Natalia Somoza Charlín, nieta del patriarca, hija de Teresa Charlín.
Teresa había salido absuelta de la causa de blanqueo por la que cumplía condena su padre, pero todavía seguía bajo la lupa de las autoridades y en esa subasta acompañó a su hija, asesorándola junto con su tío Manuel. En ese momento, se puso en marcha una nueva investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera que en 2010 desembocó en la 'Repesca', en la que cayeron el patriarca y su mujer, Josefa Pomares; sus hijos Teresa, Óscar, Melchor, Josefa y Manuel Charlín Pomares; sus nietas Natalia Somoza y Noemí Outón.
El caso llega a juicio 13 años después de la detención y las dilaciones en la instrucción han motivado que tres de los investigados no puedan rendir cuentas ante la Justicia. Se trata del patriarca, fallecido en un accidente doméstico en 2021; su esposa, fallecida ya en 2012; y su hijo Manuel, que también murió en 2019.
Sea cual sea el resultado del juicio, la condena ya quedará floja, pues el patriarca estaba considerado el líder de la trama que blanqueaba el dinero amasado en el narcotráfico. De hecho, para él pedía la Fiscalía la mayor pena, ocho años de prisión y 15 millones de euros de multa.
Finalmente, el caso llegará a juicio con diez personas en el banquillo de los acusados, entre ellos, cuatro hijos del patriarca, Josefa, Teresa, Melchor y Óscar; y sus nietas Natalia y Noemí. Completan la lista de procesados los abogados Santiago Docampo y Roberto Adán; el constructor Ramón Rodríguez Paz; y José Tato Arca.
Josefa y Óscar Charlín ya tienen antecedentes por blanqueo tras haber sido condenados por el Supremo a nueve y seis años de prisión en la misma causa que su padre, que procedía ya de la Audiencia Nacional de 2003 y fue firme en 2007. Para ellos, el fiscal pide condenas de seis años de prisión y 12 millones de multa.
También seis años y 12 millones planean sobre su nieta Noemí Outón y para los hijos Melchor y Teresa y su nieta Natalia Somoza pide cinco años de cárcel y 10 millones de multa por cabeza. Esta pena de cinco años y 10 millones es la misma que el fiscal pide para los cuatro acusados ajenos a la familia.
La acusación contra todos es por blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas cometido en el seno de una organización delictiva como integrantes de la misma. El único considerado líder era el patriarca fallecido.
El fiscal considera que los acusados forman parte de un clan familiar en el que varios de sus miembros se han venido dedicando desde hace años al tráfico ilícito de estupefacientes, concretamente, cocaína. Como consecuencia de esa actividad "se han venido enriqueciendo" y, "con la finalidad de ocultar el importante patrimonio ilícitamente obtenido", en unión del resto de los acusados, "crearon todo un entramado de personas, sociedades y otras formas jurídicas interpuestas que obedecían a la única finalidad de evitar que el producto de esa actividad ilícita llegara a figurar en algún momento a su nombre".
Para esas actividades de blanqueo contaban con tres actividades económicas principales: la citada depuradora de A Illa; la mercantil Orco Galaica, sociedad instrumental para ostentar la titularidad meramente formal de determinados bienes adquiridos por los acusados con dinero procedente de su actividad delictiva; y una planta de elaboración y transformación de productos del mar en la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong, en China.
Considera el fiscal que "posibilitaron la entrada en el tráfico mercantil de esas ingentes ganancias", creando con ello una apariencia de licitud de tales ingresos y consiguiendo la ocultación de su origen ilícito y su transformación en bienes, activos patrimoniales e inversiones de apariencia lícita. Además, contaban con cuentas en Suiza por valor de 2,4 millones de euros.
Tenían una estructura organizada en la que cada uno se encargaba de actos concretos de transformación y ocultación en relación con determinados bienes que, en realidad, pertenecían al clan familiar. Las decisiones últimas eran adoptadas por el patriarca. Pese a que estaba en esos momentos en prisión, el fiscal sostiene que "era consultado acerca del destino y de la actuación en relación con determinados bienes".
Una de las curiosidades de este juicio, más allá del alcance de la investigación sobre uno de los clanes más poderosos del narcotráfico en Galicia, es que lo lleva el fiscal Luis Uriarte, que empezó la investigación siendo responsable de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra y ahora lo lleva a juicio ya en la Audiencia Nacional. Se fue a Madrid ya en 2017 para adscribirse a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
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