El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, recibió a los representantes de la Plataforma Dignidad Abogacía Pontevedra, encuadrada en el sindicato Venia, para escuchar sus demandas para la mejora de las condiciones en las que se presta el servicio fundamental de justicia gratuita en la provincia de Pontevedra.
Losada se comprometió a trasladar a los ministerios competentes las demandas que tienen que ver con el Estado en el que respecta a las jubilaciones y la aprobación de un estatuto jurídico que regule esta rama de la abogacía.
La Plataforma explicó con detalle las indemnizaciones económicas que perciben por su trabajo y las condición en las que tienen que prestarlo, cuestión que ya trasladaron a la Xunta de Galicia como administración competente en nuestra comunidad.
Además, puntualizaron que no solo se trata de actualizar las retribuciones que perciben, sino de cubrir todos los costes, su actualización anual, la reducción de la carga burocrática y el derecho a la conciliación, el descanso y la desconexión digital.
Losada expresó su "solidariedade con este colectivo", que presta una "atención fundamental" a todas las personas que no pueden permitirse la contratación de un profesional y viene atendida su defensa con la máxima profesionalidad, "a pesar das condicións de precariedade nas que exercen os 500 avogados e avogadas que traballan no quenda de oficio na nosa provincia".
El año pasado hubo 10.000 casos de justicia gratuita en el territorio provincial y cada año este volumen se incrementa, mientras los abogados y abogadas de oficio son menos.
RONDA DE REUNIONES
El encuentro de este martes con el subdelegado del Gobierno se enmarca en la ronda de contactos que esta plataforma viene manteniendo con diversas autoridades a nivel judicial e institucional. Días atrás se reunieron con la jueza decana de Pontevedra, Belén Rubido de la Torre, con la propia decana del Colegio de Abogacía de Pontevedra, Gema Rial Rodríguez, y ayer lunes con el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Menéndez Estébanez, a quien informaron de la evolución de la huelga de letrados del turno de oficio, y de las reivindicaciones que la motivan.
Igualmente, han destacado que quienes están ejerciendo su derecho de huelga "están respetando escrupulosamente los servicios mínimos indispensables". Sin embargo, los profesionales de oficio se están encontrando con la "falta de consideración y de reconocimiento de su derecho por parte de muchos órganos judiciales" a la hora de solicitarse suspensiones de vistas o de otras actuaciones no incardinadas en esos servicios mínimos, ya que "no existe un criterio unificado ya que nos encontramos ante una reivindicación histórica, por ser la primera huelga de la abogacía de oficio que se da ya no solo a nivel local o autonómico, sino también a nivel estatal".
Tras la exposición de inquietudes y demandas por parte de la Plataforma Dignidade Avogacía Pontevedra, el magistrado que preside la Audiencia de Pontevedra, mostró su sensibilidad con la situación descrita, señalando la conveniencia de lograr el dictado de un Estatuto que regule la prestación de asistencia por turno de oficio, así como la conveniencia de poder conseguir directrices lo más unánimes posibles a todos los niveles.