Carmela Silva, presidenta de la Deputación, mantenía un encuentro telemático este lunes con Javier Losada, delegado del Gobierno, para tratar el actual proceso de desescalada en los municipios de la provincia.
Ambos coincidieron en confiar en que la cogobernanza y la cooperación transmitida por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se traslade a las corporaciones locales, tanto diputaciones como concellos, al ser las administraciones más próximas a la ciudadanía.
El delegado señaló que el Acuerdo Social en Defensa del Empleo ya ha proporcionado 88 millones de euros a la provincia de Pontevedra para abonar las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una cifra que en Galicia asciende a 238 millones de euros.
La presidenta provincial destacó el trabajo que está realizando el gobierno del Estado para aportar recursos a diferentes colectivos y destacó los 80,7 millones de euros distribuidos en Galicia entre 68.400 profesionales autónomos y los 1.795 millones de euros destinados a avales para dotar de liquidez a las empresas.
Carmela Silva también trasladó la necesidad de que el Gobierno central permita utilizar superávits y remanentes; y que modifique el techo de gasto para poder hacer frente a las nuevas necesidades económicas y sociales en el ámbito local. Losada se comprometió a remitir estas peticiones al Gobierno del Estado.
La mandataria provincial agradecía la rápida respuesta de Javier Losada en atender la solicitud de una reunión y contrapuso esta postura con la que mantiene el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Recordó que ya le ha solicitado en tres ocasiones un encuentro al jefe del ejecutivo gallego sin recibir respuesta. Por este motivo le reclama que convoque de manera inmediata a las cuatro diputaciones para establecer un plan de reconstrucción que, según señala Silva, no puede esperar a después de las elecciones.
La máxima representante de la provincia también invitó a Núñez Feijóo a que diga cuántos recursos del Estado se están utilizando desde a Xunta para hacer frente a las situaciones sociales y económicas en Galicia de los 19 millones de euros aportados por el Gobierno central. Y reclama que exista cogobernanza desde la Xunta hacia los organismos provinciales y los municipios.