"Por fin veño dar boas noticias sobre o Príncipe Felipe". Así ha arrancado este viernes su comparecencia ante la prensa la diputada Eva Villaverde que ha anunciado la renuncia de la Xunta de Galicia y el consiguiente cierre de la Unidad de Primera Acogida en el centro Príncipe Felipe y la próxima firma de un nuevo convenio con la Diputación que entrará en vigor el 1 de enero de 2018.
Eva Villaverde ha señalado que este acuerdo zanja la "crise institucional" provocada por la "situación de violencia e indefensión que tiñamos na Deputación" motivada por la presencia en el Príncipe Felipe de menores con problemas de conducta y adicciones derivados por la Xunta.
"Unha irresponsabilidade adoptada por un goberno do Partido Popular na Deputación de Pontevedra que nos veu herdada e que conseguimos eliminar", ha valorado.
En virtud del acuerdo alcanzado este jueves entre la diputada delegada del Príncipe Felipe, Eva Villaverde y la directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, a partir del próximo 31 de diciembre, la Xunta renunciará a la Unidad de Primera Acogida (UPA) que mantenía activa con 11 plazas en la ciudad infantil.
De este modo, a partir del próximo 1 de enero, se evita esta "vía de entrada para nenos desviados pola Policía Nacional, Local, Garda Civil e Fiscalía".
"Eliminamos as cláusulas abusivas" del convenio, ha indicado la diputada nacionalista "isto é unha mellora considerable, creo que extraordinaria, respecto da situación anterior", ha celebrado.
Además la Xunta mantendrá su asignación de fondos para el Príncipe Felipe, unos 782.000 euros, y pasará a disponer de 89 plazas en el Príncipe Felipe, al restarse las 11 de la UPA. En total, las instalaciones de la ciudad infantil cuentan con más de 250 menores.
La diputada Eva Villaverde mostró este viernes su "satisfacción" por esta última reunión "entenderon as nosas razóns e as nosas peticións" algo que quiso "agradecer desde o punto de vista institucional".
Además Villaverde ha destacado que la Xunta ha aceptado las dos "liñas vermellas" marcadas por el gobierno provincial, es decir, impedir la entrada de menores violentos y que "en última instancia" sean los informes técnicos del gobierno provincial los determinantes para la inclusión de los niños en el Príncipe Felipe. Para ello, se creará una comisión de evaluación paritaria con equipos de la Xunta y la Diputación que, en caso de disconformidad, priorizará la decisión de los técnicos provinciales.