El grupo socialista, a través de la parlamentaria Paloma Castro, preguntó este jueves 6 en la comisión quinta de Sanidade, Política Social e Emprego del Parlamento de Galicia por la situación del Centro Tutelar de Menores Avelino Montero de Pontevedra.
Alertaba de la eliminación de cuatro plazas de educadores por la jubilación de sus titulares, una situación que ha llevado al personal a concentrarse semanalmente ante el temor de que el centro pase a ser de gestión privada. Paloma Castro, durante su intervención, indicó que la Xunta está utilizando el mismo modus operandi que en Ourense y Lugo, realizando obras de acondicionamiento para después derivar la gestión de estos espacios a empresas privadas.
El centro actualmente cuenta con 18 puestos de educadores, según indicaba, que no están cubiertos en su totalidad ya que hace un mes solo contaba con 16 y a los que hay que restar otros cuatro por jubilación del personal, según la parlamentaria del grupo socialista, que señaló que el informe de Fiscalía ofrece datos sobre el incremento de conductas delictivas entre menores de edad.
Jacobo Rey, director xeral de Familia, respondió a las acusaciones señalando que las estadísticas oficiales de la Xunta de Galicia muestran que en 2022 se notificaron 729 medidas establecidas por los juzgados a menores y que 442 menores se vieron afectados por esas medidas, cifras que ofrecen un descenso "muy fuerte" en los últimos años, según indicó el responsable del área.
Indicó que "cada vez se cometen menos delitos por parte de menores de edad en nuestra comunidad", indicando que el número de medidas notificadas por los juzgados en el último año es el más bajo desde 2003.
Y también insistió que el Centro Avelino Montero continuará con los mismos empleados públicos que en este 2023, señalando que, además, el centro ofrece una ratio que supera lo establecido por ley de un educador por cada cinco internos en cada turno.
En la réplica, Paloma Castro alegó que desde la Xunta "trampean" los datos sin tener en cuenta la modificación de la legislación penal de 2015. Y sostuvo que la memoria de la Fiscalía en 2022 presenta un incremento de más de un 23% de las infracciones de los menores de edad.
Insistió en que el centro debe contar con un plantel de trabajadores estable y señaló que 18 es el número de educadores necesario para atender a los menores.
En el último turno, Jacobo Rey negó que "trampeara" los datos ya que las estadísticas de la Xunta son oficiales y sostuvo que hay una "apuesta clara por la continuidad del Avelino Montero y de la gestión pública del centro", argumentando que la segunda fase de las obras, que se están realizando en el centro durante los últimos años, está pendiente de licencia municipal para que se acometa.