La CIG, la asociación ecológica ADEGA y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) han decidido dar un paso más en su oposición al proyecto de Altri en A Ulloa presentando un recurso contencioso-administrativo para impugnar la decisión de la Xunta de Galicia de no archivar el expediente de concesión de aguas solicitado por la empresa.
Esta acción judicial se produce después de que su anterior recurso de alzada fuera rechazado por Augas de Galicia, a pesar de que —según denuncian las entidades— ya había pasado el plazo legal de 18 meses para que la administración resolviera el expediente. Un plazo que, aseguran, venció el pasado 30 de mayo de 2024.
Las tres organizaciones recuerdan que el proceso comenzó oficialmente con la publicación en el Boletín Oficial de A Coruña el 30 de noviembre de 2022, y que desde entonces el reloj legal empezó a correr. Al superar ese plazo sin resolución, según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la solicitud debía considerarse desestimada.
En febrero de este año, los colectivos solicitaron formalmente a la directora de Augas de Galicia que declarase la caducidad del expediente. Al no recibir respuesta en el plazo de tres meses, la petición fue automáticamente rechazada por silencio administrativo. Fue entonces cuando presentaron el recurso de alzada, que sí fue contestado… pero con una nueva negativa.
La presidenta de Augas de Galicia argumentó que el hecho de que se haya agotado el plazo para resolver no obliga al archivo del expediente, lo que, en la práctica, deja la puerta abierta a que se autorice la concesión de agua a Altri fuera de tiempo.
En su defensa, el Servicio de Tramitación de Concesiones justificó la tardanza por la "complejidad del procedimiento", y aseguró que ese retraso no debería suponer ningún perjuicio para otras partes interesadas.
Sin embargo, desde la CIG, ADEGA y PDRA no están de acuerdo. Consideran que esta situación genera una gran inseguridad jurídica y va en contra del interés público, ya que el caudal solicitado por Altri, 46.000 metros cúbicos diarios. estaría destinado a un uso industrial que, aseguran, choca con los usos actuales del agua en la zona, enfocados al abastecimiento y al mantenimiento ambiental.
Con este nuevo paso legal, las entidades dan voz a las miles de personas que ya presentaron alegaciones contra el proyecto, y refuerzan su compromiso de frenar lo que consideran una amenaza para el territorio y sus recursos hídricos.