Lores acusa a Moncloa de impulsar una "persecución política e obsesiva" contra el Concello

Pontevedra
15 de diciembre 2014

La Abogacía del Estado insiste. El Concello de Pontevedra debe obligar a sus funcionarios a devolver el dinero cobrado por la paga de productividad con la que se les compensó la pérdida de la extra de 2012. En dos ocasiones -la última el pasado 4 de diciembre- se han dirigido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra para pedir que se ejecute la sentencia del TSXG

Miguel Fernández Lores y Raimundo González, a las puertas del Juzgado Contencioso Administrativo
Miguel Fernández Lores y Raimundo González, a las puertas del Juzgado Contencioso Administrativo / Mónica Patxot

La Abogacía del Estado insiste. El Concello de Pontevedra debe cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y obligar a sus funcionarios a devolver el dinero cobrado por la paga de productividad con la que se les compensó la pérdida de la extra de 2012. En dos ocasiones -la última el pasado 4 de diciembre- se han dirigido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra para pedir que se ejecute la sentencia.

Esta insistencia es vista por el alcalde como una "persecución política e obsesiva" contra el Concello de Pontevedra y sus trabajadores por parte del Gobierno. Y es que Miguel Anxo Fernández Lores quiso decirlo "alto e claro": esta decisión de la Abogacía del Estado se debe a una "orde directa de Moncloa". Se enmarca, dijo, en su estrategia de apoyar decisiones que benefician a un sistema "cruel e corrupto" y que "persigue" a ciudadanos y trabajadores.

Ante esta situación, siguiendo la recomendación de la asesoría jurídica del Concello, el gobierno municipal ha decidido evacuar consultas con el propio juzgado, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria para determinar el alcance de la ejecución de la sentencia.

Fernández Lores asegura que, en todo caso, su cumplimiento es de una "gran complexidade", ya que los 474 trabajadores afectados justificaron la realización de 16 horas extra en los meses de septiembre y octubre de 2012.

El alcalde de Pontevedra insistió en que todo este proceso es "inaudito", ya desde que la Abogacía del Estado recurriese el pago de este complemento en Pontevedra y no lo hiciera con otras administraciones que aprobaron medidas similares, incluida la propia Subdelegación del Gobierno.

En este sentido, Miguel Anxo Fernández Lores afirmó que "bastante ten" la Abogacía del Estado con responder a las sentencias contrarias, entre otros, a los intereses del propio Gobierno central o autonómico, ante las que "están facendo todo o imposible para non cumplila", como la que ordena la demolición de los rellenos ilegales del Puerto de Marín. "Se ve a palla no ollo alleo e non a viga no propio", concluyó.