La comunidad de Montes de Mourente acaba de presentar este viernes un escrito ante la Consellaría de Sanidad en el que reclaman la apertura inmediata de negociaciones sobre los terrenos del Hospital Montecelo. Este escrito se presenta cuando están a punto de cumplirse dos años desde que una sentencia del Tribunal Supremo declarase firme la titularidad vecinal de los terrenos a favor de los comuneros de Mourente.
En su escrito, esta Comunidad de Montes le recuerda a la Xunta de Galicia que después de la comunicación anterior del mes de enero en el que amenazaba con acudir a los tribunales si el Sergas no resolvía sobre la ocupación de unos terrenos que desde julio de 2018 son propiedad comunal, representantes de la Consellaría de Sanidad mantuvieron el 11 de febrero una reunión en Santiago con la Xunta Rectora de la Comunidad en la que reiteraron su preferencia por la expropiación, aun que estaban dispuestos a escuchar las condiciones de una posible cesión de uso se incluían la necesaria garantía jurídica que diera cobertura a las obras de renovación del actual Hospital.
Los representantes de los comuneros adelantaron una oferta provisional que fue calificada de "aceptable" por los representantes de la Consellería y se comprometieron a que se daría respuesta en pocos días. Desde aquella, señalan los representantes de los comuneros que "la Xunta de Galicia fue poniendo excusas para no dar contestación a la propuesta de la Comunidad de Mourente, primeramente aduciendo el estado de alarma por la pandemia y actualmente ya no da ni excusas".
La Comunidad de Montes de Mourente lamenta la "falta de seriedad de la Xunta de Galicia cuando lleva casi dos años ocupando terrenos comunales para los cuáles no tiene título ni autorización, y no toma una decisión sobre la oferta de los comuneros, quizás esperando que finalice el proceso electoral".
Desde Mourente "no se entendería" que la Consellaría decidiera iniciar un proceso expropiatorio que significaría el pago cuando menos de cientos de miles de euros cuando la Comunidad realizó una oferta de canon calificada de "razonable" por representantes de la Consellaría y que evitaría el desembolso de la correspondiente indemnización. Precisamente en un momento en que la necesidad de gasto sanitario se incrementó considerablemente por causa de la pandemia provocada por la Covid19.