Ocho personas perdieron la vida el pasado 3 de junio en los atentados de Londres, el último golpe terrorista del Estado Islámico en Europa. Podrían haber sido más, sin duda, sin la intervención de dos ciudadanos españoles que este lunes han recibido el reconocimiento de la corporación municipal de Pontevedra.
Uno de ellos, Sergio Fariña, es de Pontevedra. Trabaja en un restaurante llamado Arthur Hooper´s, situado en uno de los puntos que fueron atacados por los yihadistas, el Borough Market. En un arranque de valor, impidió que los terroristas entraran al establecimiento y salvó a sus clientes y a quienes buscaban refugio escapando de los atacantes.
La corporación destaca que Sergio Fariña "no dudó en ningún momento" en poner a salvo a todas las personas que se encontraban en su lugar de trabajo.
"Por eso queremos mostrar nuestro agradecimiento por su actuación y por haber mostrado el valor necesario para plantarle cara al terrorismo ayudando a aquellas personas", reza el acuerdo institucional que han apoyado todos los partidos políticos.
Este homenaje también se hace extensible a Ignacio Echeverría, el español residente en la capital británica que falleció durante los atentados. El joven, de 39 años, se enfrentó con su monopatín a los yihadistas para auxiliar a un policía que estaba siendo atacado en el puente de Londres y fue asesinado por los terroristas.
"Queremos recordar a Ignacio Echeverría, que por su muestra de valor, sufrió las consecuencias de este brutal ataque, pagándolo con su vida", ha señalado el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en nombre de toda la corporación.
El acuerdo institucional ha incluido además una condena expresa a todo tipo de ataques terroristas.
RECHAZO A UN ÚNICO JUZGADO PARA LAS CLÁUSULAS SUELO
A continuación, la corporación municipal ha mostrado su rechazo a la creación de un único juzgado uniprovincial, con sede en Vigo, en materia de cláusulas hipotecarias abusivas, sumándose al posicionamiento del Colegio de Abogados de Pontevedra, al entender que esta medida perjudica a la ciudadanía afectada en estos procedimientos.
Entienden además que esta decisión lastra el funcionamiento de la administración de justicia, "al impedir repartir el trabajo de una forma idónea entre los distintos partidos judiciales sobrecargando a cuatro juzgados ya colapsados".