Delegados sindicales de Pontevedra y Vigo pertenecientes a UGT, CIG y CC.OO. se concentrarán el jueves 22 de mayo a las 11.00 horas ante la Audiencia Provincial para protestar contra las actuaciones que persiguen penalmente la libertad sindical y el derecho a la protesta de los trabajadores. Estas centrales denuncian que este año hay 40 expedientes abiertos en España contra representantes sindicales o trabajadores con petición de penas de prisión.
El caso de Ana y Tamara, las empleadas de las piscinas de Campolongo, que han sido condenadas a tres años de cárcel por formar parte de un piquete que lanzó un colorante durante una protesta en la piscina de Ponte Muiños, se ha convertido en un desencadenante de actos de solidaridad y de protesta para reclamar el indulto de las dos trabajadoras.
José Luis García Pedrosa, secretario comarcal de CC.OO., indicó que la campaña de recogida de firmas para solicitar que no ingresen en prisión está siendo un éxito. En la página de Change ya suman más de 61.000 apoyos. Ahora, los sindicatos comenzarán a solicitar reuniones con los principales políticos de la provincia con la intención de que intercedan por las dos jóvenes. Una de ellas, según indicó García Pedrosa, presentó el recurso de amparo mientras que la otra tiene previsto presentar previamente un incidente de nulidad ante la Audiencia y en caso de que se desestime, también presentará el recurso de amparo.
Además de este caso, Marcos Conde y Ramón Vidal, secretarios comarcales de CIG y UGT, insistieron en que estas actuaciones legislativas por parte del Gobierno y la intervención de la Fiscalía tiene como objetivo defender los intereses del capital: "queren xente calada e non queren xente na rúa".